Quién manda… por ahora…
El que se fue se niega a desaparecer, y su sucesora no logra consolidar su estilo de gobierno
Por: José Luis García Cabrera
Para las elecciones intermedias de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó su reforma electoral en medio de una guerra intestina de la 4T, en la cual los radicales de Morena (que responden al ex presidente López Obrador) le disputan el poder y las próximas candidaturas. Violentando sus propios acuerdos, el Consejo Nacional del partido cambió las reglas, tiempos y hasta el método de selección para favorecer a los suyos, y dejar en clara desventaja a los “gallos institucionales”.
Las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027 para elegir cargos a nivel federal y estatal, será de las más grandes en la historia, y cruciales para la segunda mitad del sexenio de Sheinbaum, ya que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, las alcaldías de la Ciudad de México y unas 2 mil presidencias municipales y congresos locales. Su resultado, sin duda, influirá en los comicios presidenciales de 2030.
Aunque nada nuevo, en los dos últimos meses la ciudadanía de a pie, estoicamente, ha observado la lucha por el poder entre quien se niega a desaparecer y su sucesora, cuyo mandato no logra consolidarse.
Parecería que, por ahora, la no tan soterrada contienda la va perdiendo Sheinbaum, pues las resoluciones cupulares del Consejo Nacional del partido los radicales las tomaron en lo oscurito, sin conocimiento de la presidenta –la primera morenista– quien, cuestionada al respecto, marcó distancia y afirmó que ya no interviene en esos procesos partidistas.
“Yo no participo en esos detalles”, dijo el pasado 10 de marzo en su conferencia mañanera, en Palacio Nacional.
“Eso lo decidió Morena… Ellos toman sus decisiones de acuerdo al análisis que hacen de cuándo consideran que pueden tener los coordinadores… y ya después, pues harán sus campañas”, abundó.
Habló así después de que el sábado 7 de marzo, durante su sesión ordinaria, el Consejo Nacional de Morena avaló los criterios generales del proceso interno 2026-2027, para la selección de coordinadores estatales, distritales y municipales de los “Comités Seccionales de Defensa de la Transformación”.
En las negociaciones cupulares, además de la presidenta, fueron excluidos los consejeros estatales. En cambio tuvieron puerta abierta decenas de senadores identificados con el ex presidente López Obrador, entre ellos Adán Augusto López Hernández y Alejandro Esquer Verdugo, quienes “trabajan” para hacer candidatos a las gubernaturas a algunos senadores y senadoras afines.
Uno de los cambios más importantes que ponen en desventaja a los “gallos” de Sheinbaum, es el de los tiempos para la selección.
Morena había acordado que poco antes de junio podrían competir los aspirantes que buscan candidaturas a gobiernos estatales, para que en ese mes el partido ya tuviera dos finalistas, entre ellos quienes habían empezado con antelación su precampaña, y permitiendo que quienes respetaron las reglas y no se movieron, entraran a la competencia. Para, finalmente, sacar ganador de entre las dos precandidaturas.
Esta regla permitiría a los operadores de las precandidaturas propuestas por Sheinbaum, tener más tiempo para que su victoria fuera indiscutible. Estas precandidaturas las apoyarían con las consabidas encuestas, que miden sólo a la militancia donde el precandidato está fuerte, para garantizar el resultado. La medición. Además de las encuestas, realizarían una campaña previa de posicionamiento y movilizarían los cuadros morenistas motivados por los programas sociales.
Pero las resoluciones cupulares del Consejo Nacional del partido echaron por tierra todo esto. Le cambiaron los tiempos y la selección de “coordinadores estatales” (de donde saldrán los candidatos o candidatas a las gubernaturas). La selección será decidida el próximo 22 de junio, de acuerdo con la nueva calendarización morenista.
Las reglas también fueron modificadas. Ya no llegarán dos en la depuración, sino seis. De manera que quienes no tengan un gran posicionamiento de nombre, no tendrán ninguna posibilidad y desaparecerán con los otros cuatro en esas listas. La encuesta a la militancia, tampoco ayudará. Porque será abierta. Ante esto, los programas sociales no tendrán la misma efectividad frente a quienes tengan reconocimiento de nombre.
Con esta maniobra cupular morenista, quienes no respetaron las reglas ni las leyes electorales, para tener reconocimiento de nombre anticipado, son los principales beneficiados.
Dicha maniobra también prohíbe la promoción de imagen en espectaculares. Tampoco podrán repartir dádivas, práctica de la que son señalados la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, y el director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, quien busca la gubernatura de Quintana Roo. No son candidatos de Sheinbaum, pero sí de López Obrador.
La ciudadanía en general es testigo de una lucha por el poder entre un Morena dividido y la presidenta Sheinbaum. Nadie en su sano juicio, en este momento, puede saber quién palomeará las candidaturas y controlará políticamente al régimen.
La única certeza es que de esta lucha dependerá la forma cómo se califique el gobierno presidencial de Sheinbaum. Asimismo, que la política mexicana está, abiertamente, en un proceso electoral adelantado, en el que no sólo Morena sino todos los partidos ya operan con lógica de campaña, afinan reglas, posicionan perfiles y, sobre todo, marcan territorio.
Reforma electoral, en medio de tensiones políticas
La reforma electoral que la presidenta Sheinbaum presentó el 25 de febrero, destapó las fracturas internas en su partido y puso en juego la alianza que le otorgó a Morena la mayoría calificada en el Congreso para las reformas constitucionales impulsadas por su gobierno, y las emprendidas por su antecesor.
La propuso en los momentos en los que el país estaba sacudido por el abatimiento de “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el 22 de febrero y la violencia desatada en 20 estados por el operativo contra el capo.
En ese contexto, la iniciativa presidencial, fuertemente impugnada por sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), vio la luz pública, al menos en su conferencia mañanera del 25 de febrero, luego de días de tensiones en su búsqueda de control político e institucional.
De cara a las elecciones intermedias de 2027, la presidenta presentó los diez puntos de su iniciativa: elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa y las ya aprobadas: no nepotismo y no reelección.
Busca que, de los 200 diputados por representación proporcional, 97 sean quienes hayan obtenido los mejores resultados de su partido, pero que no hayan resultado ganadores, y 95 sean de votación directa por circunscripción y por partido político, con una fórmula paritaria. De los ocho restantes, propone que sean para mexicanos residentes en el extranjero.
En tanto, el Senado se integraría por 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, sin que se mencione una lista de plurinominales.
Sheinbaum en la boleta 2027
Pero la iniciativa no pasó, al no alcanzar mayoría calificada. Ante ello, Sheinbaum presentó su “Plan B”, el cual se negoció en pocos días con el PT y el PVEM.
El Plan B propone un ajuste estratégico, al adelantar la revocación de mandato para junio de 2027. Busca empatarla con las elecciones intermedias, lo cual no sólo garantiza superar la participación del 40 por ciento necesario para ser vinculante, sino que coloca la figura presidencial directamente en la boleta. Esto último, altera la equidad de la contienda y presiona a sus aliados, el PT y el PVEM.
De entre sus puntos principales, destacan: recorte de regidores y síndicos, límites al gasto de congresos locales, reducción del presupuesto del Senado y la eliminación de prestaciones a autoridades electorales.
Sin embargo, lo más importante no está en esos recortes, sino en adelantar la revocación de mandato para empatarla con la elección de 2027.
La Constitución ordena que no puede coincidir con procesos electorales y exige una participación del 40 por ciento para que tenga efectos. Nivel de participación que, en una elección intermedia es superior. En 2021, por ejemplo, votó más del 50 por ciento de los electores.
La propuesta llega en un momento en que sus aliados, el PT y el PVEM, con su crecimiento electoral, tienen la capacidad de vetar reformas constitucionales en el Congreso. Lo que ha tensado las cosas con Morena.
La reforma contra el nepotismo electoral, por ejemplo, planteada para aplicarse en 2027, fue movida para 2030. Lo mismo ocurrió con la reforma electoral, que generó resistencia por parte del PT y el PVEM, que vieron afectados sus intereses con la forma de asignar plurinominales y el financiamiento a partidos.
El resultado fue la caída del “Plan A” presidencial. Después de esto, el Plan B mantiene intactos los intereses de los aliados en temas sensibles y cambió el terreno de la disputa.
Colocar la revocación en 2027, implica que Sheinbaum entraría a la boleta en la elección intermedia. Lo que cambiaría los incentivos y la elección para definir gubernaturas, diputados y alcaldes. Se convertirá en una elección sobre la continuidad del gobierno, y la movilización se concentraría en la figura presidencial. Esto afectaría la equidad en las elecciones y sería una desventaja para el PT y el PVEM y, naturalmente, a los partidos de la oposición, porque sin duda la concentración del voto beneficiaría sólo a Morena.
Ese es uno de temores del PT, donde algunas voces advierten que adelantar la revocación de mandato, no forma parte de los acuerdos con Morena. Acompañarla, dicen, implicaría fortalecer sólo a Morena y debilitar al PT. Pero no hacerlo, implica pagar un costo político.
Las de 2027, elecciones adelantadas
Mientras Morena diseña el proceso, sus aliados no están de vacaciones. El PVEM, busca que sus perfiles entren a la encuesta, para asegurar espacios en la alianza.
En Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Colima, Baja California Sur, Baja California, y en San Luis Potosí, impulsa ya a sus cuadros, entre ellos, en esta última entidad, a Ruth González Silva, pese a ser esposa del gobernador Ricardo Gallardo y que Morena presume combatir el nepotismo.
En tanto el PRI intenta sobrevivir con los llamados “defensores de México”. Bajo la dirección de Alejandro Moreno, despliega una larga lista de perfiles con los cuales busca reposicionarse en el mapa político de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.
Movimiento Ciudadano juega su propia partida, en particular en el norte del país. Jorge Álvarez Máynez apuesta por perfiles con posicionamiento mediático y técnico.
Quienes quieren también parte del pastel
Por otro lado, no se debe olvidar que en 2027 podrían incorporarse a la competencia cuatro nuevas organizaciones que buscan su registro como partidos políticos nacionales ante el INE: “Que Siga la Democracia”, “Somos México”, “Construyendo Sociedades de Paz” y “México Tiene Vida”, afines a la actual administración y con peso significativo en la derecha.
La resolución definitiva sobre qué organizaciones obtendrán el registro y podrán aparecer en la boleta electoral de 2027 se determinará en cosa de un mes, en abril, lo que propiciará que haya muchos nombres en las papeletas.
Al cierre de esta edición, el “Plan B” de la reforma electoral presidencial todavía se encontraba a la espera de una definición de los legisladores del PT, por la resistencia a los cambios en la revocación de mandato.
Sin embargo, la gran pregunta no es quién ganará en 2027, sino qué tipo de competencia verá la ciudadanía de los 17 estados donde votará para elegir a un nuevo gobernador y presidentes municipales.
