Al menos siete han sido asesinados en lo que va de 2026
Organismos internacionales de derechos humanos y la Unión Europea, exigen un plan urgente para garantizar la seguridad de los comunicadores y frenar la impunidad.
Por: Mario Hernández González
Cifras alarmantes: organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron en México al menos siete periodistas asesinados en lo que va de 2026; repunte de violencia no visto en los últimos 15 años para un periodo similar que mantiene al país, como “el más peligroso del Continente Americano para ejercer la prensa fuera de zonas de guerra”.
Otro dato igual de inquietante: estas instancias internacionales advierten con preocupación que varias de las víctimas habían denunciado amenazas previas sin recibir protección efectiva del Estado mexicano, y señalan una fuerte colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, que opera bajo un entorno de impunidad superior al 90 por ciento y propicia las agresiones contra la labor informativa.
Ante ello, por enésima ocasión exigen al Gobierno federal un plan urgente para garantizar la seguridad de los comunicadores y frenar la impunidad.
Los homicidios de los periodistas Alejandro Leyva Aguilar y Josué Martínez Contreras, registrados en Oaxaca y Puebla, respectivamente, en julio de 2026, elevó el conteo anual y desató llamados urgentes de la Unión Europea (UE) y de la CIDH, que manifestaron su condena y condolencias y “preocupación” por los “elevados niveles de impunidad”, en los crímenes contra informadores y defensores de derechos humanos en México.
En un comunicado conjunto de la delegación de la UE, así como los embajadores de Noruega y Suiza en México, afirmaron que en el homicidio de Leyva Aguilar hay indicios “de que existe un vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato”. Su homicidio elevó a siete la cifra de informadores asesinados en México en lo que va del año.
Tras este caso, la UE valoró el “compromiso” de las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos, pero advirtieron de que crímenes como este muestran “el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México”.
“Reiteramos nuestra preocupación por los elevados niveles de impunidad en los casos de periodistas (…) y renovamos nuestro llamado a que se identifique y juzgue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos estos crímenes”, añadieron.
Exigen al Gobierno federal, asimismo, a “seguir avanzando” en la protección de los informadores y activistas a través de herramientas existentes como el Mecanismo de Protección y a “mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora”.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a México como el país más letal para ejercer el periodismo en todo el Continente Americano desde hace al menos 15 años, con un repunte en los asesinatos de periodistas que no se registraba desde 2011.
Amenazas previas no fueron investigadas
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera preocupante que amenazas previas no hayan sido investigadas, por lo que exige a las autoridades reforzar medidas de protección para evitar que se repita un caso de violencia contra comunicadores.
Mediante su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH manifestó una alerta ante la cifra de siete periodistas asesinados en México durante 2026 e hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para fortalecer mecanismos de protección y garantizar investigaciones eficaces en torno a estos homicidios.
El organismo internacional de derechos humanos destacó que en México hay una coordinación entre Gobernación, mediante el Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, para brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de las víctimas, según se le informó.
Subrayó, sin embargo, la gravedad de que en ambos casos las víctimas hubieran denunciado amenazas sin que existan evidencias de investigaciones oportunas o efectivas sobre estos antecedentes. Lo que evidencia, señaló, deficiencias en la adopción de medidas adecuadas para prevenir los homicidios, y resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en México.
La CIDH enfatizó que el asesinato, la intimidación y las amenazas contra periodistas constituyen violaciones graves de derechos fundamentales y afectan de manera directa la libertad de expresión. Esta violencia, indicó, no sólo silencia a quienes han sido víctimas directas, sino que genera un efecto inhibidor sobre otros periodistas y menoscaba el derecho de la sociedad a acceder a información y a ideas diversas.
La persistencia de la violencia letal contra la prensa en México llevó a la Relatoría a solicitar una revisión urgente de la eficacia de los actuales mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. El organismo reiteró la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, así como de garantizar la reparación adecuada a las víctimas y sus familias.
El comunicado de la CIDH concluye que la protección efectiva de periodistas es indispensable para el funcionamiento de la democracia, considerando el impacto negativo que la violencia tiene sobre el libre intercambio de información e ideas. Además, urgió a la adopción de medidas inmediatas y adecuadas para salvaguardar a las familias de las víctimas y prevenir futuros ataques contra quienes ejercen el periodismo en México.
Veracruz es el estado más peligroso para los periodistas. En esta tendencia de violencia letal en su contra se suman los homicidios de Carlos Leonardo Ramírez Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López Valdés, así como las desapariciones forzadas. La más reciente fue el 24 de agosto en Poza Rica en contra del reportero Eli Martínez, quien, por fortuna, fue localizado con vida después de 12 horas.
Del año 2000 a julio de 2026, en Veracruz han sido asesinados 34 comunicadores (de los 181 documentados desde principios de este siglo) y al menos 28 se encuentran en calidad de “desaparecidos”, de acuerdo a la organización civil Artículo 19.
Le siguen Guerrero con 17; Tamaulipas y Oaxaca con 15, respectivamente. Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, se registraron 47 casos; en el Andrés Manuel López Obrador, 47. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum (2 años), ya suman 14 homicidios en contra de periodistas.
