Bajo la mirada jurídica-laboral
Lo que sucede al interior del prestigiado restaurante, podría convertirse en un conflicto de grandes dimensiones
Por: Emeachege
El restaurante Carolo, fundado en 2007, está hoy sembrado de sospechas, que, de comprobarse, acabarían con su prestigio y noble historia familiar que inició con la visión de un joven con síndrome de Down, y se transformó en una exitosa cadena de restaurantes: Grupo Carolo, con más de 30 sucursales y 14 marcas, entre ellas Carolo, Farina, Blanco Castelar y Blanco Colima, que actualmente proporciona empleo a más de 200 personas, muchas de ellas, con discapacidad.
Se le señala, entre otros posibles delitos, de no pagar horas extras a sus empleados, y/o pagarles con vales “hechos a mano” (como en los tiempos del Porfiriato, en los que había “tiendas de raya”) que sólo pueden ser cobrados una semana después; de defraudar al IMSS y al SAT, y hasta de tolerar actos de hostigamiento sexual.
La decisión de no pagar horas extras a sus empleados, en clara violación a la ley que al infractor penaliza con 12 años de cárcel, o pagarles con vales “hechos a mano”, fue interpretada por los trabajadores como una forma de “ahorrarse” o “jinetear”, durante una semana, su dinero ya devengado. No podía ser, no creían, que una empresa del Grupo Carolo hubiese caído en prácticas del Porfiriato, al “pagarles” con vales hechizos y canjeables hasta una semana después. Lo interpretaron como un símbolo de explotación y control sobre la clase trabajadora.
Ante ello, buscaron orientación y apoyo del Sindicato Independiente Vanguardia Obrera quien, desde entonces los organiza para que puedan defenderse dentro del marco jurídico, como establecen los tratados internacionales respecto a la libertad sindical.
Sin embargo, cuando tramitó constancia de representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ésta no procedió, por marrullerías de un deshonesto funcionario federal, que se prestó (mejor dicho cobró), por permitir un fraude en agravio de los trabajadores al servicio de Carolo.
El triste asunto fue así: quince días antes, un “sindicato” del cual daremos cuenta posteriormente, tramitó una constancia ante el corrupto funcionario federal, quien, desde luego, se hizo de la vista gorda y aceptó como “buenas” las firmas de los empleados de la empresa, cuando, en realidad, eran falsificadas.
Con la anuencia y la firma real de los trabajadores agraviados, el Sindicato Independiente Vanguardia Obrera actuará en contra del fraudulento “sindicato”, por los delitos que se puedan configurar; asimismo, solicitará la cancelación del registro de dicho “sindicato”, como lo prevé la ley. Y, en apoyo al Sindicato Independiente Vanguardia Obrera, otras agrupaciones obreras tomarán los accesos al centro comercial propiedad del magnate Carlos Slim, en Polanco, donde está asentado el Restaurante Carolo.
Enteradas de que sucede en Carolo, surgieron las suspicacias de las autoridades laborales y hacendarias. Lo que en paralelo llevó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), investigar y descubrir un fraude en el pago de sus cuotas obrero-patronal, ya que Carolo, encontraron, da de baja a sus trabajadores y luego los vuelve a dar de alta. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), hace lo propio, por las irregularidades hasta ahora detectadas. ¿Qué ha encontrado? En otra entrega hablaremos al respecto.
Sobre la decisión patronal de ignorar una denuncia de acoso sexual, en agravio de una joven “hoster” (“anfitriona”, en español, o persona encargada de recibir y acomodar a los clientes) del restaurante Carolo-Polanco, ni se diga.
Fue interpretada por sus compañeros de trabajo como una concesión al gerente Octavio Guerra Camacho, un cincuentón que por sus lascivas actitudes hizo renunciar a la joven y menuda anfitriona que, por obvias razones, nos reservamos su nombre.
Para la muchachita en cuestión, nunca fue fácil laborar bajo las órdenes de Guerra Camacho. Conductas de naturaleza sexual no deseadas, verbales o físicas, y un ambiente de trabajo hostil u ofensivo, cayeron siempre sobre ella. Nunca fue fácil. Y cuando denunció al acosador, fue ignorada. Optó, entonces, por renunciar a Grupo Carolo, hoy sembrado de sospechas que lo tienen bajo la mirada jurídica-laboral.
Es menester subrayar que el acosador, en caso de comprobarse su sucio proceder, podría ir a la cárcel de uno a tres años. Tampoco el representante legal del Restaurante Carolo la tiene fácil: sobre su testa pende la amenaza de purgar 12 años de prisión, por la falta del pago de horas extras. Esto porque, de acuerdo a las nuevas disposiciones jurídicas, esta irregularidad es equiparada al delito de trata de personas.
Así, pues, lo que sucede al interior de Carolo, de no atenderse pronto, podría convertirse en un conflicto laboral de dimensiones que sólo podría frenar el mandamás del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, hombre probó con demostrada capacidad para conducir la institución de alto calado de la cual es titular.
A decir de juristas y líderes sindicales consultados por esta casa editorial, Domínguez Marrufo, hasta el día de hoy, ha dado muestras de ser incorruptible. En fin, ya se verá qué manejo darán las autoridades locales y federales a este conflicto en el prestigiado Restaurante Carolo.
