Lo generan narcos, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal
La inacción de las autoridades facilita que se mueva de manera ilegal
Por: Zeus
El lavado de dinero es una actividad ilícita cuyas ganancias, derivadas de actividades ilegales, se integran en la economía legal para ocultar su origen. En México, estas acciones han estado vinculadas al narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal.
Sí, México es un gran lavadero de dinero negro derivado de actividades ilegales, por las cuales sólo el 2 por ciento de los responsables son castigados, según cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo que ha permitido que a largo de todo el territorio nacional sea posible lavar dinero sucio sin temor a la justicia.
Pareciera que a las autoridades poco le importan las transacciones bancarias de grandes montos, los depósitos en efectivo por millones de dólares o empresas fantasma triangulando dinero de paraísos fiscales hacia al país. Tampoco que organismos internacionales tengan ubicado a México como un país donde la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades facilitan que el dinero negro se mueva de manera ilegal.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, indica que en las miles averiguaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), solamente el 2 por ciento de los detenidos son sentenciados, quienes, además, en su mayoría, obtuvieron la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.
Más claro: México, sospechosamente está perdiendo el combate al lavado de dinero. Van algunas reveladoras suspicacias:
Quienes tramitan amparos para protegerse de ser acusados por las autoridades del delito de recursos de procedencia ilícita, regularmente ganan ante los tribunales, por estas razones: falta de pruebas y violaciones a los derechos humanos. Motivos por los cuales, las acusaciones en su contra se caen, en su mayoría.
A través del análisis de los expedientes consultados, se encontraron diversas irregularidades en las que, sospechosamente incurren policías, autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y agentes del Ministerio Público federal.
A pesar de que las autoridades presumen que las detenciones se dan a través de acciones de inteligencia financiera, se detectó que sólo en unos cuantos expedientes se inician investigaciones por lavado de dinero, tras de realizar un rastreo en sus cuentas bancarias.
La corrupción dentro del Ministerio Público, la colusión de jueces con el crimen organizado, y la inexperiencia en materia penal de la UIF son las razones por las cuales existe un alto índice de impunidad en este delito.
“La corrupción en el tema del Ministerio Público se da en el tema del no ejercicio de la acción penal. Así como en los jueces se da cuando conceden amparos con criterios endebles (a individuos de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de Jalisco, principalmente), aceptó en 2020 el hoy ex titular de UIF, Santiago Nieto.
La UIF tiene dos formas de comenzar una investigación: por órdenes de alguna autoridad y las derivadas de los reportes bancarios. La cantidad de estos últimos es de tal magnitud que se utiliza un modelo de riesgo del 0 al 10 para calibrar la importancia de los casos.
Sin embargo, salvo por el escándalo internacional que se dio recientemente por la denuncia en contra de CIBanco, Bancos Intercam y la Casa de Bolsa Vector, por presunto lavado de dinero, no se había tenido un caso en el que una alerta bancaria derive en una averiguación judicial, aun cuando la UIF cuenta con la infraestructura tecnológica para recibir y ordenar los reportes bancarios en tiempo real, pero no con el personal suficiente.
El manotazo que se viene contra México
El reciente escándalo internacional que se originó cuando el Gobierno de Washington acusó a CIBanco, Bancos Intercam, Casa de Bolsa Vector (esta última de Alfonso Romo, ex jefe de Gabinete de AMLO) de lavar dinero para cárteles mexicanos, no ha terminado.
La DEA y el FBI mantienen en su radar investigaciones de los directivos de estas instituciones y sus familiares, así como de su primer círculo social, según una fuente que sigue el caso y pidió anonimato. Algunos de sus clientes, incluso, están ya siendo investigados.
Aun cuando el Departamento del Tesoro, concedió una moratoria temporal a CIBanco, Bancos Intercam, Casa de Bolsa Vector, a quienes había decidido excluir del sistema financiero estadounidense, porque “hay avances del Gobierno (mexicano) en la lucha contra el blanqueo de capitales por parte de los cárteles de la droga”, el presidente Donald Trump quiere justificar su decisión de considerar como terroristas a los cárteles de las drogas, y utilizará a las tres entidades financieras mexicanas como ejemplo, de cómo el negocio de las drogas ha permeado en diversos sectores del país.
El sector empresarial mexicano bajo sospecha está en la mira de Washington. Buscará relacionarlo con la mafia, con los cárteles señalados como terroristas, con la intención de mantener su posición de intervenir, si es necesario, militarmente en México.
El cártel de los cuellos blancos está nervioso. Temen que el belicoso Trump haya encontrado el elemento que, política y militarmente, daría puntos favorables en su menguada imagen.
En cuanto a la prórroga de 45 días, que el Departamento del Tesoro dio a las tres entidades financieras mexicanas antes de restringirles transferencias, algunos analistas sostienen que dicho retraso tiene la finalidad de no alarmar a las empresas y personas físicas involucradas en las instituciones financieras investigadas, pero, sobre todo, no afectar la confianza del sistema financiero.
Sea lo uno u lo otro, el hecho es que empresarios clientes de CIBanco, Bancos Intercam, Casa de Bolsa Vector, así como familiares de altos funcionarios están en el radar y microscopio de la DEA y FBI. Así que no habrá sorpresa cuando sus nombres salgan a la luz pública (Zeus).
