Con Aarón Ortega Villa al frente
Se estima que al menos de 1 mil millones de pesos Ortega Villa tiene que rendir cuentas a los más de cien mil agremiados en el sindicato mayoritario de la Ciudad de México
Por: Enrique Sánchez Márquez
La historia de Aarón Ortega Villa al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) puede leerse como una novela policiaca de ficción, pero los nombres y acontecimientos que aparecen en este reportaje son reales, producto de una investigación periodística que inició antes de que tomara las riendas del sindicato más numeroso de la capital mexicana. Su objetivo es relativamente sencillo: demostrar que la corrupción fue la marca de su gestión, que sólo podrá ser castigada con la drástica intervención de las autoridades laborales y judiciales respectivas.
Hasta el momento, sólo se habla de que su periodo como presidente del SUTGCMX concluyó el pasado 21 de septiembre, y que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) no avaló el “triunfo” de Hugo Alonso Ortiz, dirigente de la Sección Uno que promovió y organizó las elecciones para el 19 de octubre, ante la negativa de Ortega Villa de convocar a las mismas, en un intento de conservar el control de ese sindicato con el apoyo de políticos, entre ellos José Carlos Acosta, titular de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo del Gobierno capitalino.
Pero poco se ha hablado de cómo y quién lo impuso como presidente del SUTGCMX, y el papel del hoy finado Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en uno de los escándalos de corrupción que cambió el destino del sindicato de los trabajadores de la capital mexicana.
En 2020, Aarón Ortega Villa, que en 2011 dejó de soñar con la presidencia del SUTGCMX a raíz de que ni como precandidato pintó para sustituir a Enrique Hanff Vázquez; ni hablaba de la corrupción sindical por miedo a ofender a Hugo Alonso Ortiz, secretario general de la Sección 1 “Limpia y transportes”, y a César Piña Rodríguez, secretario general de la Sección 4 “Contraloría, Administración y Almacenes”, sus amigos dirigentes que desde entonces buscaba, ellos sí, la presidencia sindical. Aunque de manera subrepticia, se había acercado a Joel Ayala Almeida, el líder de la FSTSE.
Considerado como uno de los últimos líderes charros del viejo sindicalismo, caracterizado por los abusos, la persecución de disidentes, el irregular manejo de las cuotas de los trabajadores, así como su entreguismo al PRI, Ayala vio en el ninguneado Ortega Villa la manera de continuar manejado al SUTGCDMX, como lo hacía desde 2019 mediante un Directorio prácticamente impuesto por él mismo, ante la división de sus secretarios generales para elegir un líder único electo por voto directo y secreto de todos sus trabajadores.
A medida que crecía la división interna en ese sindicato –especialmente después de que, en julio de 2019, el Congreso General Ordinario no le dio validez a la toma de nota que se le había expedido a Juan Ayala Rivero, para que ocupara la presidencia por cuatro años más; se eligió a Héctor Castelán Moreno, para una gestión de seis meses; y de que en 2020 Hugo Alonso Ortiz, se declaró presidente tras unos comicios que fueron desconocidos por la autoridad laboral–, Ayala Almeida vio la oportunidad para imponer a Ortega Villa, su pupilo.
Ortega Villa, dirigente de la Sección 25 que agrupa a los juzgados cívicos, reclusorios y servicios legales, estaba sentado frente al escritorio de Ayala Almeida meneando la cabeza entre asombrado e incrédulo mientras veía el cheque certificado que el dirigente de la FSTSE acababa de aterrizar en sus manos. Se trataba de un documento insólito: avalaba 100 millones de pesos, de los que podía disponer de inmediato. La fecha del cheque indicaba que Ayala Almeida había decidido entregárselo a Ortega Villa pocos días antes.
Durante sus encuentros secretos, como su mentor, le dio un curso rápido sobre la tradición básica del cacicazgo sindical, cómo formar líneas de comunicación con el Gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, cómo, desde la presidencia del SUTGCDMX, hacer negocios con las cuotas sindicales para crear un coto de poder superior a cualquiera de los legalmente constituidos.
Todavía hoy, cuatro años después, los dirigentes seccionales del SUTGCDMX se preguntan con perplejidad cómo un dirigente al que, a principio del siglo, la PGR investigaba por lavado de dinero y fraude con créditos para vivienda, pudo haber entregado un cheque certificado por 100 millones de pesos a un individuo como Ortega Villa, que siempre se quejaba de no tener dinero “ni para mantener a su familia”.
Para la fecha en que recibió los 100 millones de pesos, ya era una figura harto conocida como “tacaño” y “codo”. Según declaraciones de los mismos dirigentes del SUTGCDMX, el entonces dirigente de la Sección 25 era objeto de burlas por su comportamiento, y ya había sido señalado de reunirse en “secreto” con el líder de la FSTSE, etiquetado como “vicioso” por su afición al juego y otras adicciones.
En septiembre de 2021, carente de influencia entre los trabajadores y tras un largo periodo sin elecciones democráticas, Ortega Villa fue designado presidente del SUTGCDMX por un grupo de secretarios seccionales (entre ellos César Piña Rodríguez, de la Sección 4), como candidato de unidad.
Cuatro años después de haber recibido el ya famoso cheque de la FSTSE, los artículos periodísticos pasaron de las páginas laborales a las páginas policiacas: comenzaron a cuestionar qué hizo con esa fortuna. Algunos dirigentes no pueden evitar una sonrisa al notar que ese dinero había sido compartido con César Piña Rodríguez, de la Sección 4, quien –para proteger sus intereses y no se ventilen los millones de pesos que le tocaron del famoso documento de la FSTSE–, le cuida la espalda a Ortega Villa ante el temor de que Hugo Alonso, como presidente sindical, exija le cuenta detallada del manejo de las cuotas sindicales que hizo de los últimos cuatro años y, desde luego, sobre el paradero de esos cien millones de pesos.
Se estima que al menos de 1 mil millones de pesos –conservadoramente– Ortega Villa tiene que rendir cuentas a los más de cien mil agremiados del SUTGCDMX.
