Antepone el negocio privado al bienestar colectivo en la alcaldía Miguel Hidalgo…
Juan Rubio Gualito
“La historia del mundo es la historia de la lucha de clases” es uno de los postulados más esclarecedores y, a la vez, más profundos de Karl Marx. Aunque hoy las voces de la ultraderecha –abiertas o encubiertas– intenten descalificar este principio, la realidad confirma, una y otra vez, su vigencia cada vez que analizamos los fenómenos de la vida pública del país.
En esta lógica, quien escribe, el pasado 27 de mayo en nombre del pueblo de Miguel Hidalgo y en defensa de las clases populares de la demarcación, alzó la voz desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para denunciar las prácticas ilegales del panismo, que no sólo violan de forma directa la Constitución capitalina, sino que traicionan el principio más elemental del servicio público: servir al pueblo, no a los negocios.
En Miguel Hidalgo, las y los vecinos saben bien quién es Mauricio Tabe, el mismo que estuvo implicado en la tragedia del Parque Bicentenario; el mismo que carga, además, con el peso del descrédito familiar por el intento de homicidio cometido por su padre, exonerado únicamente por su avanzada edad. Hoy, ese mismo alcalde se ha convertido en un violador abierto de nuestra Constitución local al privatizar, de forma encubierta, el servicio de recolección de residuos sólidos en la alcaldía.
Este servicio, por mandato constitucional –pero también como convicción de un gobierno con orientación popular–, debe ser público y gratuito, a cargo de las autoridades de la ciudad. No obstante, bajo la administración del derechizado y opaco alcalde Tabe, se han firmado contratos millonarios con empresas privadas para realizar esta tarea.
La simulación jurídica que sustenta estos contratos no solo viola la Constitución de la Ciudad de México, sino que perpetúa una lógica mercantilista que degrada derechos y transforma necesidades colectivas en oportunidades de negocio para unos cuantos.
Este modelo ya lo conocemos: es el mismo que siempre ha defendido que la iniciativa privada lo resuelve todo y que el mercado es más eficiente que el Estado. Niega, por principio, el papel de los gobiernos como garantes de derechos, reduciéndolos a simples administradores del presupuesto y, en este caso, a trampolines para hacer negocios.
Las consecuencias de esta política de saqueo están a la vista: abandono de servicios públicos, precarización laboral, deterioro ambiental y corrupción disfrazada de convenios administrativos.
Por eso, desde esta trinchera, exigimos lo obvio: que se respete la Constitución; que no se privatice ninguna actividad gubernamental y, por el contrario, que todo lo público sea cada vez más público; que no se entreguen nuestras calles, la gestión de nuestros residuos, nuestro ambiente y la salud pública a intereses empresariales. Que no se utilice la administración local como una vulgar plataforma de negocios.
Por eso, exigimos –a nombre propio y del pueblo de Miguel Hidalgo– que el alcalde detenga de inmediato cualquier práctica, abierta o encubierta, que implique la contratación de empresas privadas para el manejo de residuos. Que rinda un informe público y detallado sobre el destino de los recursos asignados al servicio de limpia. Que se respeten los principios de legalidad, equidad ambiental y uso responsable del presupuesto. Y que se abandonen, de una vez por todas, las fórmulas neoliberales que anteponen el negocio privado al bienestar colectivo.
Mientras el PAN persista en su intento de privatizar lo que pertenece al pueblo, aquí nos encontrará: firmes, con la Constitución en la mano y el mandato ciudadano en el corazón. Porque a éste, y a todos los personeros de la reacción, su destino seguirá siendo el basurero de la historia.
Quiere privatizar el servicio de limpia en Miguel Hidalgo …
Mauricio Tabe Echartea, busca dinero en la basura …
Por: Mario Hernández
Con firmeza, fundamentada en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica, y el Reglamento del Congreso local, el diputado capitalino, Juan Estuardo Rubio Gualito, el pasado 11 de mayo propuso a sus pares someter a su consideración “con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución”, exhortar al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a respetar la Constitución Política capitalina y “se abstenga de simulaciones jurídicas que impliquen privatización de la recolección de residuos sólidos, así como a garantizar el derecho a un medio ambiente sano para sus habitantes”.
En su exposición, el legislador argumentó que denuncias vecinales, reportajes periodísticos y posicionamientos de legisladores locales han evidenciado que el alcalde Tabe Echartea, “ha destinado recursos públicos para la contratación de empresas privadas en tareas de recolección y manejo de residuos sólidos”. Dichas acciones, dijo, contravienen de forma directa la Constitución Política de la Ciudad de México, que prohíbe expresamente la privatización o concesión de estos servicios, “los cuales deben ser prestados de manera exclusiva y gratuita por las autoridades”.
En sus Consideraciones, el diputado Rubio Gualito recordó que el Congreso de la Ciudad de México tiene entre sus facultades velar por el cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en la Constitución Política local, entre ellos, de manera “exclusiva y gratuita” los relacionados a la recolección, barrido, transportación y disposición final de residuos, y prohíbe expresamente su privatización y concesión.
Sin embargo, agregó, medios de comunicación y denuncias vecinales de la alcaldía Miguel Hidalgo, dan cuenta de que bajo la administración de Tabe Echartea, se ha incurrido en prácticas que podrían contravenir lo dispuesto en la norma fundamental de esta Ciudad, al haber asignado contratos millonarios a empresas privadas para realizar labores que son, por mandato constitucional, de prestación exclusiva por parte de la autoridad.
Dichas acciones “no sólo constituyen una violación a nuestra Constitución, sino que representan también una simulación jurídica inaceptable que atenta contra los principios de legalidad, austeridad republicana y justicia social, al destinar recursos públicos en favor de intereses privados, al tiempo que se descuida el derecho de las personas a un entorno limpio y saludable”, puntualizó.
Ante ello, pidió a sus pares del Palacio Legislativo de Donceles exhortar a Tabe, abstenerse de contratar empresas privadas para garantizar que esos servicios públicos sean prestados de manera exclusiva, directa, gratuita y con personal propio, conforme a lo que establece el ordenamiento político de la Ciudad de México. A que rinda un informe público detallado sobre el uso de los recursos destinados al servicio de limpia, incluyendo contratos con empresas privadas, número de personal contratado directamente por la alcaldía, capacidad instalada y acciones realizadas para garantizar la eficiencia del servicio.
“Porque lo que está en juego no es sólo la basura de una alcaldía, es el modelo de ciudad que queremos: una ciudad para los negocios o una ciudad para su gente. Y mientras sigan intentando privatizar lo que es del pueblo, aquí nos van a encontrar, firmes, con la Constitución en la mano y el mandato ciudadano en el corazón”, concluyó.
