“No somos iguales”, decían los morenistas para hacerse del poder
Sus excesos, escándalos y no pocas infidencias de sus mismos comparsas, los han desenmascarado. De su careta de franciscanos, ya nada queda
Por: J. Cruz García Espinosa
La llamada Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), que al cabo de unos cuantos meses de haberse aprobado se convirtió en una de las peores políticas implementadas por Morena, terminó en una burla y hundida en el fango por quienes ahora, dicen, gobiernan el país, entre ellos los hijos (y sus amigos) de López Obrador.
En noviembre de 2019, mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), los mexicanos nos enteramos que había nacido la LFAR, a un mes de que la aprobó el Congreso promulgada por el Ejecutivo federal, estableciendo normas para el gasto público y la “administración eficiente de recursos”.
Se pretendía administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez; combatir la corrupción y la desigualdad existentes. Se aplicaría a toda la administración pública federal, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial.
Morena, como se le conoce al Movimiento de Regeneración Nacional creado por ex presidente López Obrador en 2011, se ocultó –para hacerse del poder–tras de la máscara de la honestidad. Se llenaba la boca cuando, una y otra vez, decía y repetía: “no somos iguales”, entre muchas otras frases (“no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” o “primero los pobres”, por ejemplo) y que hoy, ya en el poder, sus dirigentes, funcionarios y legisladores han hecho a un lado o simplemente han ignorado.
De aquella careta de franciscanos, ya nada queda. Las redes sociales, los periódicos y revistas y no pocas infidencias de los mismos morenista, los han desenmascarado, mostrándolos como realmente eran, son y serán: mentirosos, vividores, ladrones, comparsas del crimen organizado, que gastan su botín (entiéndase dinero público) en suntuosos viajes, restaurantes y hoteles de cinco estrellas.
Desenmascarados, ya no les importa vivir en medio de escándalos por sus excesos. La “justa medianía” y “austeridad” que pregonaban, ¡al carajo!
Con su palabrería y luego la cacareada Ley Federal de Austeridad Republicana, su impulsor, López Obrador prometió combatir la corrupción en México, pero, al final, se hizo de la vista gorda con la que cometían los morenistas, metidos en la protección de narcos, huachicoleros y los extorsionadores, como han documentado diversos medios y en las redes sociales.
Casos como el del ex gobernador, ex secretario de Gobernación y hoy líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, y el del diputado de Morena y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, sólo son dos ejemplos de toda esa maraña de corrupción.
Desde su nacimiento, la LFAR fue cuestionada, porque va en contra de los principios ciertos de los políticos y funcionarios públicos que se “sacrifican por la Patria”, sólo para enriquecerse sin medida. Alegaron que son ajenos a los “gastos innecesarios” o privilegios que contradicen el espíritu de la austeridad, especialmente en el Legislativo.
Aun así, en la Cámara de Diputados se dieron algunos recortes: se eliminaron seguros de gastos médicos mayores. Sin embargo, en el Senado se mantuvo el seguro de vida para sus legisladores, contraviniendo el espíritu de la LFAR.
Seis años después, dicha Ley prácticamente es letra muerta. En el Legislativo (Diputados y Senado) continúan los gastos no esenciales: La prensa ha documentado excesivas erogaciones en banquetes, gasolina y viajes y otros “gastos superfluos”, lo que contrasta con la narrativa de “austeridad” y genera acusaciones de aplicar recortes de forma “selectiva”.
Partidos ajenos a Morena etiquetan a la “política de austeridad”, como la “peor política implementada por el Gobierno federal”, mientras Morena y sus partidos satélites (PT y PVEM) la defienden como “un principio necesario para evitar el despilfarro del pasado”.
Lo cierto es que esa austeridad selectiva, implica un cuestionamiento sobre la aplicación real y equitativa de los principios de austeridad en las dos Cámaras y otras instituciones, donde la normativa existe, pero los resultados, además de burla, generan críticas sobre privilegios y recortes a conveniencia.
La “austeridad selectiva” se refiere a la aplicación de medidas de recorte de gastos y eficiencia en el uso de recursos públicos, como lo marca la LFAR, pero, en la realidad, sólo se aplica a unos (el Poder Legislativo, o sus partes) y no a otros (el Judicial y el Ejecutivo), manteniendo privilegios como seguros de vida o gastos excesivos, lo que genera la duda sobre si es una política genuina o una fachada de ahorro, mientras se mantienen ciertos privilegios no administrativos.
Muy lejos de la prometida “austeridad republicana”…
En 2018, legisladores de Morena impulsaron un acuerdo de moderación para eliminar privilegios y gastos innecesarios. Pero la moderación sólo duró un año. Pronto olvidaron la promesa de austeridad republicana que tanto pregonó el ex presidente López Obrador, quien, para apuntalarla, ordenó crear la Ley Federal de Austeridad Republicana en noviembre de 2019.
“No se puede vivir en una esfera de privilegios frente a un mundo de desigualdad, no se puede mantener un status alejado de lo que sucede fuera del recinto”, aseguró en septiembre de 2018 el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, durante la aprobación del acuerdo.
El acuerdo fue avalado por los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos, en particular el PT y el PVEM, aliados de Morena.
Informes del ejercicio del presupuesto, las contrataciones realizadas, la cuenta pública y datos de la Secretaría General de Servicios Administrativos, revelan que, con Monreal y Adán Augusto López, en ambas cámaras, regresaron los privilegios y gastos innecesarios que meses antes juraron eliminar. La austeridad obradorista, prácticamente fue ignorada por Morena, el partido creado por el tabasqueño.
El Senado, por ejemplo, no cumplió uno de los compromisos más relevantes establecidos en el programa de austeridad: reducir a la mitad el monto de las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios.
Los viáticos y pasajes para acudir a comisiones oficiales aumentaron. En 2019 se ejercieron 10.5 millones de pesos, mientras que en 2022 se desembolsaron 14.6 millones de pesos para la “atención del trabajo legislativo y parlamentario de los senadores”.
En 2019, los legisladores realizaron 74 viajes internacionales y 31 nacionales. En 2020 y 2021 (en plena pandemia de Covid-19), el presupuesto ejercido en este rubro fue mucho menor: 2 y 3.7 millones, respectivamente. Pero en 2022, los viajes internacionales se duplicaron: 158, mientras que los nacionales se triplicaron: 87. En esos viajes, se gastaron cerca de 15 millones de pesos. En 2023, gastaron casi lo mismo en 161 viajes internacionales y 107 nacionales.
En 2024 reportaron viajes (nacionales e internacionales) que costaron casi 7 millones de pesos. En el primer trimestre de 2025 los senadores (entre ellos Gerardo Fernández Noroña, para asistir a Estrasburgo, Francia, a la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos) realizaron 26 viajes internacionales con un costo superior al millón de pesos.
Contra lo que ordenaba el acuerdo (eliminar las tarjetas de gasolina para servidores públicos de mando), el Senado firmó nuevos contratos para su adquisición. Repartió despensas al personal de confianza y de mando, en contra a los lineamientos acordados; asimismo, mantuvo el seguro de vida para legisladores y personal administrativo. Entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2024, destinó 150 millones de pesos para este rubro.
En 2025, el Senado encabezado por Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva, y Adán Augusto López Hernández como presidente de la Jucopo, contó con un presupuesto de 5 mil 103.8 millones de pesos, 29 por ciento más con respecto al 2019. Los ahorros proyectados para el ejercicio fiscal de 2025 no fueron nada cuantiosos: 1.2 millones de pesos. Muy lejos de la “austeridad republicana”.
