Dos golpes se cocinan en contra del gremio artístico

Frente al creciente uso de la Inteligencia Artificial.

La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, no garantiza ni defiende el acceso a fuentes de trabajo de los actores de doblaje mexicanos.

Por: “El Indio Dañero”, por mal nombre, Rodrigo Franco

Durante la últimas cinco décadas, por decir lo menos, la oferta laboral para los trabajadores actores ha sido dominada por Televisa y TV Azteca, y más recientemente otras con menor volumen de producción.

Si bien el mercado cinematográfico es importante, y la oferta de trabajo teatral lucha día a día con intensidad por su sobrevivencia, algunos actores que desempeñan su talento en las empresas de televisión encuentran mayores oportunidades de contratación, en programas televisivos que les otorga el privilegio de “la fama”, aunque sea momentánea. Es muy común que cuando alguien pregunta si eres actor, la respuesta positiva a esa pregunta venga acompañada de “¿para Televisa?”

Una de las más terribles herencias de la hegemonía de esta empresa es el famoso “veto”, que implica la prohibición al acceso al trabajo es decir la “muerte laboral”, desempleo por decreto, y las dificultades para desempeñarse como “cualquier ciudadano” en un empleo ordinario (aunque muchas veces esa alternativa es mucho mejor remunerada).

¿Y si mejor te buscas un trabajo de verdad?, suele ser la pregunta fatal para quienes hemos logrado apenas medio subsistir de nuestro trabajo en las diversas formas de trabajo escénico y quienes nos aferramos a buscar la fama y sus mieles.

Si pagar facturas, renta y satisfacer la subsistencia cotidiana y esas cosas que preocupa a “los humanos ordinarios” es fundamental, para los actores las cosas del ego son indispensables para sentirse realmente un artista.

Si ambos satisfactores son importantes, el saberse “vetado”, aun cuando tu carrera sea de algunos capítulos, se traduce en frustración letal, que pudiese, sin que suene a exageración, en daños emocionales y psicológicos.

Este es uno de los factores clave, para que los actores nos auto censuremos para ejercer cualquier acto de reclamo frente a cualquier abuso, no sólo de nuestros empleadores sino también de quienes se coloquen en la ruta de la cadena económica, incluidos aquellos proyectos que existan y se realicen mediante la gestión de presupuestos estatales.

Es del dominio público que la producción de televisión tradicional ha perdido gran parte de su presencia en el mercado, y que las formas de producción están ya muy lejos de permitir la conformación de un monopolio “todo poderoso”, que determine quién puede ser o no trabajador de la escena. Sin embargo, a pesar de ello, el temor de los actores frente a los empleadores es aun persistente, lo que redunda en la permanente precarización del gremio de actores.

Promulgación de leyes y su implementación

Recientemente se promulgó en México la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que entre sus bondades contempla mayoritariamente el acceso a la cultura y la inclusión, así como un aumento en los tiempos y espacios en los que en las salas tradicionales de cine deberán exhibirse películas producidas en nuestro país.

Se incluye, en esta nueva Ley, que sustituye a la Ley Federal de Cinematografía, el derecho de quienes realizan la reinterpretación en el idioma o idiomas locales conocido como doblaje de voz. Protege, también, a quienes ejecutan esta forma de interpretación frente al creciente uso de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, la redacción de esta Ley no garantiza ni defiende el acceso a esa fuente de trabajo de los actores de doblaje mexicanos. No se refiere a que los proyectos de cine o audiovisual, que se proyecten en territorio nacional, sean reinterpretados por actores de doblaje mexicanos; se refiere al idioma en que deben mostrarse en las salas cinematográficas, el idioma de mayor presencia local y realizado por trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes en concordancia con la LFDA.

Aquí está el meollo de la Ley que ha venido jugando en favor de los empleadores solicitantes de talento artístico. Ambas leyes establecen que siempre y cuando no exista pacto en contra a esta disposición. ¿Cómo oponerse a un “pacto”, tomado unilateralmente por el licenciatario o empleador?

Pero la situación se agrava, la Ley de cine y audiovisual, ofrece para un contrato de ejecución para las personas autoras derechos como trabajadores o prestadores de servicio, pudiendo imponer la empleadora o empleador la contratación de actores, como prestadores de servicio por ejecución de obra, quedando como licenciatarios de los derechos patrimoniales “salvo pacto en contrario, se entiende como titular de los derechos patrimoniales al productor o productora, o licenciatario o licenciataria con la debida acreditación” (sic).

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¿Qué sigue para el gremio de actores?

Mientras esta Ley se horneaba, dos golpes tremendos se cocinan en contra del gremio, una que legitima desde la ley del derecho de autor, la posibilidad de determinar la fecha de remunerar los proyectos de publicidad, mediante el que, “cualquier anuncio no podrá pautarse (publicarse y difundirse) a menos de que exista previo acuerdo por escrito con el intérprete”, algo que hoy en día ocurre sin el acuerdo por escrito, ahora contará con la autorización de la parte afectada.

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¿Qué se cocina en la LFT?

Al mismo tiempo se plantea la reforma al artículo  305 de la LFT, donde se propone que además de los actores se contemple otra forma de trabajadores creativos y de las artes, cuya materia de trabajo sí puede ser considerada por ejecución de obra: pintores, escultores, o cuyas obras pueden ser limitadas y medibles: escritores, trabajadores gráficos, músicos, incluso escenógrafos y trabajadores de foro, quienes no necesariamente su materia de trabajo pueda ser destinada para el almacenamiento en dispositivos materiales o virtuales, para su posterior reproducción.

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En la ley está la trampa, y las buenas intenciones.

Si bien los legisladores redactan leyes a su real saber y entender, la ausencia de un diálogo social abierto, desde y con la base trabajadora del audiovisual como artistas actores, las leyes que se promulgan favorecen a los empleadores y vulneran a los actores.

Volviendo al fantasma del llamado “veto”, que ya dije muchas veces es auto impuesto, las leyes que se modifican y las existentes, postulan desde su espíritu, que las gestiones para su aplicación y eficacia deberán ser aplicadas por la persona artista o una representación moral que realicen las acciones que defiendan y promuevan el cumplimiento de las mismas. Es ahí donde estas nuevas disposiciones se condenan a ser letra muerta.

La renuncia del gremio a su propia organización y defensa de sus derechos, el abandono y renuncia voluntaria a dotarse de una representación sindical democrática y combativa, además de una Sociedad de Gestión Colectiva eficaz, transparente y auditable, la falta de voluntad para dejar a un lado la búsqueda desesperada de la fama, aunque ello implique la renuncia a estados mínimos de bienestar social y económico, se concretan en esta división entre las leyes y la lucha social.

No se puede hacer la ley a quienes no se sienten dignos de justicia.

Como sea, “ninguno ha caído, si uno de los nuestros permanece de pie”.

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