La FGR lo utiliza para atacar a la oposición
Por: J. cruz García Espinosa
Selectiva, la justicia de Morena ordenó su pronta detención y encarcelamiento, lo que no ha hecho en contra de Rocha Moya y Marina del Pilar.
La detención y encarcelamiento del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta vinculación con una red de contrabando de huachicol fiscal, subió al ring político al Gobierno federal, Morena, PAN, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y al nuevo partido Somos México, a semanas de que formalmente comience la más que adelantada contienda electoral de 2027 en la que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cientos de puestos públicos más.
Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada y –al contrario de lo que sucede con los morenistas señalados de tener vínculos con el crimen organizado: Rocha Moya, Adán Augusto, Mario Delgado, Américo Villareal y Alfonso Durazo, por ejemplo, entre otros)– se le abrió proceso penal y, el 23 de julio, se le recluyó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos o huachicol fiscal.
La FGR lo señala como socio mayoritario de la empresa Ingemar SA de CV que, supuestamente, importó ilegalmente combustible desde Estados Unidos, declarándolo como “aceite quemado” o “solución de cloruro de calcio”, para evadir el pago de aranceles e impuestos. Junto con el ex mandatario panista, fue detenido su socio Ricardo Thompson Navarro, y emitió órdenes de aprehensión contra otras 23 personas por los mismos delitos.
Según la FGR, su investigación abarca miles de operaciones internacionales que superan los mil millones de dólares, en agravio del erario federal por más de 4 mil millones de pesos. A este grupo de personas, lo califica como la “red de huachicol fiscal más grande detectada en el país”.
Ante los señalamientos de algunas figuras públicas del PAN, entre ellas los ex presidentes Fox y Calderón, de que lo de Ruffo es sólo una “estrategia política pues no hay elementos que sustenten dicha acción”, la presidente Sheinbaum –y sus jilgueros oficiosos– negó motivos electorales o de persecución, y afirma que se trata de un caso “estrictamente judicial derivado de una indagatoria de más de un año”.
Tras de su reclusión, los abogados del ex mandatario tramitaron un amparo y reclaman anomalías en la orden de aprehensión y su traslado fuera de su estado natal. En tanto su hija, Verónica Ruffo, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo consular y protección para su padre, a quien califica públicamente como un “preso político del Gobierno federal”.
Como ciudadana estadounidense, Verónica Ruffo responsabiliza directamente al Gobierno de México y a la administración de la presidente Sheinbaum por la integridad física y salud de su padre; denuncia acoso por defenderlo y exige atención internacional al caso.
Los ex presidentes Fox y Calderón acusan que se trata de una persecución selectiva y un acto de autoritarismo. Califican a Ruffo como un “preso político” y denuncian que la acción de la justicia busca desviar la atención pública.
El nuevo partido Somos México, del cual Ruffo es miembro de su Consejo Consultivo, en la sesión del 23 de julio llevó a la mesa del Consejo General del INE el caso y retó a Morena a revisar las finanzas de todos los partidos, en respuesta a los señalamientos –de Morena- de que parte de los recursos de procedencia ilícita, que le investigan a Ruffo, pudieron ser utilizados para obtener el registro como partido político.
Marco Baños, exconsejero electoral y hoy representante de Somos México ante el INE, insistió que Ruffo es perseguido “en el contexto de las acciones que autoridades de Estados Unidos exigen en contra de morenistas corruptos”, y, ahora, agregó, “insinúan que algún tipo de recurso pudo haber circulado hacia Somos México. He hizo una propuesta enfática a Morena: ¿quieren que revisemos nuestras finanzas? Revisemos las finanzas de todos, armemos una comisión de fiscalización con expertos externos, abogados que revisen el caso Ruffo y las cuentas de los partidos”.
“(…) Nosotros hacemos esta propuesta específica, porque no queremos que haya más casos de presos políticos, como el del exgobernador Ruffo”, dijo.
La detención del ex gobernador de Baja California (que el PAN califica de justicia selectiva, pues ”se actúa rápido contra Ruffo… pero no contra Rocha Moya y Marina del Pilar”), se dio luego de que se revelaran audios comprometedores de la mandataria Marina del Pilar Ávila, y previo a la elección de 2027. Detención que algunos analistas y observadores la ven como una estrategia política, para disminuir a la oposición y aminorar las acusaciones en contra de morenistas por vínculos con el crimen organizado.
Ruffo Appel es militante del PAN desde hace 42 años; partido que lo llevó a ser el primer gobernador de oposición (1989-1995) y a ocupar otros cargos públicos: presidente municipal de Ensenada (1986–1989), Comisionado para Asuntos de la Frontera Norte (2000–2003, durante el gobierno del presidente Fox); senador de la República (2012–2018) y diputado federal, de 2018 a 2021. Sin embargo, lleva años alejado de ese instituto político y ahora que reapareció, lo hizo como del Consejo Consultivo de Somos México, lo algunos panista no le perdonan.
