Persisten las versiones de que AMLO lo respaldó
Su regreso sorprendió y produjo la sensación de que podía convertirse en otro problema de política exterior y de confianza con Washington.
Por: Luis Enrique Mota Balderas

¿Golpe de Estado, intervención deliberada de Andrés Manuel López Obrador o incapacidad de la presidente Sheinbaum, en la tentativa de Rubén Rocha Moya para regresar como gobernador de Sinaloa?
Hasta ahora sólo hay elementos para hablar de una crisis política seria dentro de Morena, pero con la información disponible hasta finales de agosto de 2026, la descripción más sólida es la de un desafío político de Rocha Moya a Sheinbaum, que fracasó, y dejó al descubierto una disputa por el poder dentro del oficialismo.
¿Fue un golpe de Estado? Jurídicamente, no. Un golpe de Estado supone la ruptura o sustitución del poder constitucional, normalmente mediante fuerza, coerción o una maniobra destinada a tomar el control del Estado.
Lo ocurrido en Sinaloa fue diferente: Rocha Moya, gobernador constitucional, decidió unilateralmente terminar su licencia y regresar al cargo el 21 de agosto, después de 112 días separado del puesto. El Gobierno de Sinaloa incluso presentó su reincorporación como un acto institucional.
Lo extraordinario es el contexto: Rocha está bajo investigación por acusaciones de autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Por eso algunos comentaristas han utilizado la expresión “golpe de Estado” para describirlo políticamente: no porque intentara derrocar al Gobierno federal, sino porque interpretan su regreso como un desafío a la autoridad política de la presidente.
Hay fuertes sospechas y lecturas políticas que apuntan hacia el ex presidente López Obrador y hacia su grupo más cercano. Algunos columnistas sostienen que el tabasqueño respaldó o alentó el regreso de Rocha. Sin embargo, no hay evidencia pública verificable que permita afirmarlo como un hecho.
Hay, eso sí, un dato políticamente relevante: Rocha fue un gobernador cercano a López Obrador y su regreso ocurrió en un momento de evidente tensión entre distintas corrientes de Morena. Además, la decisión sorprendió al Gobierno de Sheinbaum: la Secretaría de Gobernación dijo que se trataba de una decisión exclusivamente “personal”.
El regreso de Rocha tomó por sorpresa al Gobierno federal y durante unas horas produjo la imagen de que un gobernador cuestionado podía reincorporarse a su puesto pese a la oposición política de Palacio Nacional, quien posteriormente calificó el regreso como “no apropiado”, “temerario”, y sostuvo que el interés nacional debía estar por encima de intereses personales.
Rocha permaneció solamente unas 34 horas en el cargo. El 22 de agosto volvió a solicitar licencia y el 23 la Presidente dijo que su nueva separación era “lo mejor para Sinaloa”.
Por eso, más que hablar de una incapacidad de Sheinbaum, sería de un fallo inicial de control político, seguido de una reacción que consiguió aislar a Rocha.
Morena se deslindó de su regreso; gobernadores del partido hicieron lo mismo; Palacio Nacional marcó distancia; finalmente, Rocha volvió a pedir licencia, y el 25 de agosto, el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, para concluir los 14 meses restantes del mandato.
¿Quién tiene realmente la última palabra en Morena?
Este episodio no debe interpretarse sólo como el problema personal de Rocha Moya, sino de algo mucho más profundo: a casi dos años del cambio de poder en Palacio Nacional, todavía produce tensiones dentro de Morena.

Durante años, AMLO fue la figura indiscutible del movimiento. Sheinbaum heredó la Presidencia, pero también heredó una estructura política con gobernadores, legisladores, dirigentes y grupos que tenían sus propias lealtades. Lo que obliga a preguntar ¿quién tiene realmente la última palabra dentro de Morena?: ¿el expresidente y su círculo histórico, o la presidente constitucional en funciones?
El resultado de esta crisis ofrece, por ahora, una respuesta bastante clara: Sheinbaum terminó imponiéndose institucionalmente, porque Rocha no pudo sostener su regreso y el Congreso terminó nombrando una gobernadora interina.
Pero el hecho de que el sinaloense se haya atrevido a regresar, sin contar con el respaldo público de Palacio Nacional ni de Morena, muestra que existen sectores capaces de desafiar a la Presidente. Eso es más significativo que el episodio mismo.
Hay otro elemento que no conviene perder de vista: las acusaciones de Washington contra Rocha y otros funcionarios siguen siendo un asunto abierto. Estados Unidos lo acusa de vínculos con el narcotráfico; Rocha niega las acusaciones y México ha sostenido que no recibió pruebas suficientes para justificar una extradición.
En síntesis: si no hay bases suficientes para afirmar que hubo un “golpe de Estado”, ni que AMLO ordenó la maniobra, sí existen evidencias de una insubordinación política extraordinariamente seria de un gobernador contra la línea presidencial, que puso a prueba la autoridad de la mandataria federal y terminó, al menos por ahora, con una victoria de ella y un debilitamiento de Rocha.

Por otro lado, el episodio de Rocha sí puede considerarse como un fallo de control político de Sheinbaum, en el sentido de que un gobernador señalado de narco pudo anunciar su regreso sin que ella pareciera no haberlo anticipado o autorizado. Que regresara el 21 de agosto y abandonara nuevamente el cargo al día siguiente, muestra lo inestable de la situación.
El factor Washington
Desde la perspectiva de Washington, el asunto no es simplemente una disputa interna de Morena. Por tanto, que regresara al poder estatal, pudo interpretarlo como una señal de que México no estaba dispuesto a apartarlo mientras se investigan las acusaciones.
Eso podía alimentar precisamente el argumento que Washington ha utilizado durante años: que determinadas estructuras políticas mexicanas no están haciendo suficiente para combatir la penetración del crimen organizado en las instituciones.
No hay evidencia pública de que Washington haya considerado el regreso de Rocha como una decisión de Sheinbaum. Como tampoco de que AMLO haya estado detrás del extraño retorno de Rocha.
La hipótesis que plantean varios observadores políticos es: AMLO respaldó o influenció sobre Rocha, para su regreso inesperado y en abierto desafío a Sheinbaum; lo que Washington interpreta como división o falta de control y mayor presión sobre la Presidente.
Cierto, es una hipótesis políticamente coherente, pero no está demostrada la intervención del expresidente. Sheinbaum negó haber hablado con López Obrador sobre la licencia de Rocha, e, incluso, calificó esas versiones como “política ficción” (misma frase que en 2006 utilizó el expresidente Salinas de Gortari cuando, en una entrevista televisada, se le dijo que los rumores indicaban que él estaba detrás del “complot” para que López Obrador fuese desaforado, durante el gobierno del presidente Fox).
Aunque AMLO no hubiera intervenido, la mera percepción de que lo hubiera hecho tiene consecuencias políticas. Ya que, si un gobernador de Morena puede desafiar públicamente a la Presidente en un asunto tan delicado, y conseguir que durante unas horas parezca que mantiene intacta su autoridad, surge la pregunta de quién ejerce realmente el liderazgo dentro del movimiento.
Ese es el verdadero problema de Sheinbaum. Aunque consiguió que Rocha retrocediera, que Morena lo dejara solo y el Congreso nombrara una sustituta, el asunto mostró una vulnerabilidad inicial de autoridad presidencial. Y en la relación con Estados Unidos eso importa muchísimo.
Washington no solamente observa las declaraciones oficiales; observa quién tiene capacidad efectiva para controlar a los gobiernos estatales, a Morena y a los funcionarios señalados por narcotráfico.
Además, el caso se produjo cuando las relaciones México-Estados Unidos ya estaban sometidas a una presión extraordinaria por narcotráfico, extradiciones y acusaciones de infiltración criminal. En ese contexto, cualquier señal de fractura dentro del Gobierno mexicano puede ser aprovechada políticamente por Washington.
Si no podemos establecer como hecho que López Obrador cree que sigue gobernando ni que haya provocado este episodio, sí podemos plantear una hipótesis política muy razonable: que dentro de Morena persisten redes de poder, lealtades y figuras cuya referencia política continúa siendo AMLO, y que eso puede limitar el margen de maniobra de Sheinbaum.
El caso Rocha es particularmente revelador, porque ocurrió en vísperas de elecciones en las que se disputarán 17 gubernaturas y en medio de acusaciones estadounidenses contra varios políticos del grupo gobernante, y porque constituye una señal de que la autoridad presidencial puede ser desafiada desde dentro de su propio movimiento.








