Hasta reformó leyes para legalizarlo
Que se sepa, desde 2019 lo realiza mediante sofisticados sistemas, con softwars espías (como Pegasus), que intervienen teléfonos.
Por: José Luis García Cabrera

En México, el espionaje es un juego que el Estado sigue jugando, pero ahora con el uso de tecnologías sofisticadas de vigilancia contra periodistas, activistas y opositores. Se consolidó, incluso, con las nuevas reformas legales de 2025 y lo que va del presente año.
En otras palabras, a pesar de los cambios de administración, la capacidad para espiar del Estado mexicano se ha mantenido y fortalecido.
Si durante la llamada “Guerra Sucia”, en la década de los años 70, el Gobierno utilizó al Ejército y las fuerzas policiales para espiar y disolver grupos opositores y guerrillas urbanas/rurales, mediante una “guerra de baja intensidad”, caracterizada por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, el espionaje desde 2019 lo realiza mediante sofisticados sistemas, como softwars espías (Pegasus, por ejemplo) que intervienen telefónos.
En aquella época, está documentado en el Archivo General de la Nación, el Ejército y la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), cooperaron en el espionaje y “demás cosas”.
Las estructuras oficiales deben ser usadas para asegurar la seguridad nacional, no obstante, éstas siguen siendo usadas (como en los antiguos régimenes) como medios de control político y represión hacia grupos disidentes y opositores; y el espionaje ha sido uno de los medios que maneja el Estado en sus servicios de inteligencia, caracterizados por el uso de prácticas clandestinas, ilegales y violatorias de los derechos humanos.
Sin embargo, esto no es reciente. Es sabido que desde la época prehispánica algunas culturas utilizaban como agentes de espionaje a los “pochtecas”, comerciantes que prestaban servicio al Estado mexica para obtener información de los pueblos hostiles o próximos a ser conquistados.

Ya en el siglo XX, los servicios de espionaje fueron introducidos dentro de la estructura gubernamental con la creación de la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación, que en 1924 pasó a ser el Departamento Confidencial. Desde entonces, se fueron desarrollando los cuerpos de espionaje del siglo XX.
Los agentes de información política y agentes de policía eran los encargados del trabajo sucio.
Obtenían información de los grupos políticos y sociales señalados de “llevar supuestas o reales actividades sediciosas o subversivas” de varios modos, el más común era a través de los periódicos. Cuando publicaban sobre una persona o grupo que ameritaba dar seguimiento archivaban esa información, como parte del expediente de investigación.
Cuanto el asunto tenía relevancia pública, los agentes comenzaban un acecho de campo e infiltración, con la finalidad de obtener datos personales y privados que la prensa no proporcionaba.
El Departamento Confidencial fue sustituido por la Oficina de Información Política y Social, que se fortaleció, con más personal y presupuesto, ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una vez concluido el conflicto mundial se consolidó como la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y creó un cuerpo de colaboración y acción directa: la temible Dirección Federal de Seguridad.
La DFS, llevaba a cabo detenciones arbitrarias e interrogatorios para obtener información y datos biométricos de los sospechosos, como huellas dactilares y fotografías de perfil.
Con el inicio de la Guerra Fría los servicios de inteligencia de México y de los Estado Unidos estrecharon lazos de cooperación, al grado de que varios funcionarios del Estado mexicano terminaron en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Asimismo, se implementaron nuevas formas de espionajes, como la intervención de las líneas telefónicas de los sujetos vigilados, como está documentado en los expedientes del fondo documental de la DFS del AGN.
Otra situación preocupante, fue la creación, organización y entrenamiento de grupos paramilitares mexicanos en Estados Unidos, con el objetivo de coaccionar todo tipo de organización social o movimiento. Esto ocasionó que entre la década de los 60 y hasta los 80, se viviera en México una guerra sucia que llevó a la persecución, detención y desaparición de varias personas.


Legalización de la vigilancia militar

A mediados de 2025, el Congreso aprobó reformas que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Nacional recopilar, procesar y acceder a datos personales y de geolocalización en tiempo real, sin necesidad de orden judicial.
Desde entonces, se ha documentado un aumento en la presión sobre la prensa crítica, con más de 50 casos de hostigamiento, censura y uso de fiscalías estatales contra periodistas, concentrados en gobiernos locales.
En lo que va del presente año, se han reportado ataques cibernéticos masivos que expusieron información sensible de al menos 25 instituciones públicas (incluyendo SAT y el IMSS), evidenciando una incapacidad gubernamental para proteger la información ciudadana.
La Sedena, el Cisen (hoy su sucesor) y diversas fiscalías y gobiernos eststales, se ha comprobado que usan o han usado diferentes softwars espías. como Pegasus. Y no se diga la Guardia Nacional, facultada para realizar operaciones encubiertas y de inteligencia sin controles independientes.
Diversas organizaciones civiles y periodísticas, señalan que este espionaje ilegal busca control político y silenciar voces disidentes, violando la privacidad y libertad de expresión, en un contexto de alta impunidad. Dicen que las reformas legales de 2025 (que permiten a las fuerzas armadas intervenir comunicaciones), es una regresión en derechos humanos.






