Propuesta, impulsada y aprobada por la familia Batres
Sacaron adelante reformas a la Ley de Vivienda y al Código Civil capitalino, que podrían desincentivar la inversión en nuevos desarrollos de vivienda de renta.
Por: Emeachege
Los tres Batres Guadarrama dedicados a la política: Martí, Lenia y Valentina, mostraron una vez más su necesidad compulsiva de retener o acumular poder de forma excesiva o monopolista, lo que, en este caso, podría generar desorden extremo en las rentas habitacionales de la Ciudad de México.
Para lograr las reformas a la Ley de Vivienda y al Código Civil de la Ciudad de México, impulsadas por Martí, participaron sus hermanas, Valentina, como diputada plurinominal en el Congreso de la Ciudad de México, y Lenia, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al extremo de que a dicha norma popularmente se le conoce como “Ley Batres”.
Con las reformas a la Ley de Vivienda y al Código Civil de la Ciudad de México (y respaldadas en su constitucionalidad por la SCJN), se pretende limitar el aumento de las rentas habitacionales, con el registro obligatorio de contratos, entre otras medidas que generarán diversas consecuencias: que el aumento anual de la renta no debe superar la inflación que, para el periodo 2025-2026, el máximo permitido fue de 3.69 por ciento, por ejemplo.
La “Ley Batres”, ordena la creación de un “registro digital obligatorio” de los contratos de arrendamiento, para, dice dicha norma, “dar certeza jurídica a los inquilinos”. Establece, asimismo, medidas para limitar que viviendas financiadas con inversión pública se utilicen para rentas a través de plataformas como Airbnb, fomentando su uso para vivienda social.
Las plataformas tipo Airbnb, son sitios web y aplicaciones de economía colaborativa que conectan a viajeros que buscan alojamiento con anfitriones particulares o profesionales que ofrecen casas, apartamentos o habitaciones. A diferencia de los hoteles tradicionales, estas plataformas ofrecen experiencias más personalizadas, opciones a largo plazo y la posibilidad de alojarse en zonas residenciales.
Todo suena bien. Sin embargo, especialistas en el tema consideran estas medidas como “un parche” Advierten, además, que si bien buscan ayudar podrían desincentivar la inversión en nuevos desarrollos de vivienda de renta, similar a lo sucedido con la “renta congelada” en el pasado.
Observadores del quehacer político, por su parte, señalan que, con este tipo de políticas, el Estado pretende tener un mayor control sobre el mercado de la vivienda, incluyendo conceptos como la captura de plusvalía y la búsqueda de vivienda popular en zonas residenciales. No para mitigar el alto costo de la vivienda en la Ciudad de México, cuyo precio promedio de renta se estimó en más de 20 mil pesos mensuales hacia finales de 2025.
Estos observadores y analistas quizá tengan razón, ya que la legislación que impuso como tope al alza de rentas inmobiliarias el valor de la inflación, no sólo tiene el sello de la familia Batres, sino de la 4T.
Siendo jefe de Gobierno, el hoy director del ISSSTE, Martí Batres, la propuso a mediados de 2024, y sólo tres semanas más tarde fue aprobada por el pleno del Congreso capitalino, donde su hermana, la diputada local por Morena Valentina Batres, votó a favor de la reforma.
Durante la sesión ordinaria del pasado 18 de febrero, a petición de la ministra Lenia Batres, sus homólogos de la SCJN abordaron el tema y la declararon constitucional, tras de advertir que los aumentos de rentas deben ser “razonables” en apego al derecho a la vivienda.
La ministra Batres aseguró que en los últimos veinte años el índice de personas con un inmueble propio en la Ciudad de México ha ido a la baja, al mencionar que el costo del suelo capitalino se ha incrementado en un 800 por ciento.
Por lo tanto, dijo: “medidas regulatorias como la analizada aseguran una ganancia justa para los propietarios de vivienda en renta, y al mismo tiempo a quienes tienen que vivir en inmuebles de alquiler (…) “es notorio el descenso del número de personas que viven en vivienda propia”.
Martí Batres, festejó el fallo en una publicación en redes sociales, que acompañó con una imagen de la SCJN en la que aparece sonriente su querida hermana, la ministra Lenia.
La familia Batres Guadarrama está integrada por Martí, Lenia, Valentina y Viétnika, hijos de Cuauhtémoc Batres y Rosario Guadarrama, maestros normalistas formados en la vieja escuela del desaparecido comunismo.
Salvo Viétnika, que se dedica al periodismo, sus tres hermanos siempre han mostraron la necesidad compulsiva de, mediante la grilla, acumular poder. Siguieron a su mentor Andrés Manuel López Obrador al PRD y luego, en 2012, se pasaron a Morena, después de que el tabasqueño abandonó el partido del Sol Azteca.
Desde entonces, con el apoyo incondicional de su mentor, lograron escalar en el ámbito político. Actualmente, sin el voto popular, ocupan importantes posiciones y son considerados del ala “dura” del morenismo.
Era –o es– tanta la admiración sus padres por el comunismo, que en el nombre de su hijo Martí se inspiraron en José Martí, el líder cubano; el de Lenia, se lo pusieron en honor a Vladímir Ilích Uliánov (Lenin), el líder comunista ruso; mientras que en el de Viétnika, lo formaron con las primeras tres letras de Vietnam y Nicaragua.
Ahora, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, su poder, en particular el de Marti, se ha multiplicado. Cuando Sheinbaum solicitó licencia como jefa de Gobierno, para competir en el proceso interno de Morena por la candidatura presidencial, Marti quedó como jefe interino de la Ciudad de México. Antes se había desempeñado como secretario de Gobierno; senador, diputado, presidente de Morena y secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Marcelo Ebrard.
Su relación con López Obrador se remonta a 2003, cuando éste, como jefe de Gobierno de la CDMX, lo nombró subsecretario de Gobierno. Martí Batres buscó dos veces la candidatura del PRD a la jefatura del Gobierno capitalino, pero perdió. Primero ante Miguel Ángel Mancera, y luego en 2018, ante Sheinbaum.
Lenia Batres se convirtió en ministra de la SCJN en diciembre de 2023, por designación del presidente López Obrador, después de que el Senado no obtuvo los votos necesarios para aprobar las dos ternas que fueron enviadas.
Al igual que su hermano Marti, su cercanía con el tabasqueño se remonta a cuando éste fue jefe del gobierno del entonces Distrito Federal: fue directora general Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, asesora del jefe de Gobierno, López Obrador, y directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad, de 2004 a 2006.
Más adelante, de 2015 a 2018, fue asesora de la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum; directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público y asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de 2019 a 2021.
Valentina Batres, es diputada plurinominal en el Congreso de la Ciudad de México. Antes, además, fue diputada federal de 2006 a 2009 y diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2009 a 2012.
