Por la traición a su antiguo “padrino”, Ismael “El Mayo” Zambada
Estados Unidos lo señala de narco y pide su extradición; ya cayeron dos de sus nueve cómplices; él se dice inocente, pero no da la cara.
Por: José Luis García Cabrera
Sus cómplices de Morena y sus enemigos cantados, no se cansan de repetir lo que se comenta por todo el estado de Sinaloa, como si quisieran adelantar el mandato del destino. Pero un cúmulo de hechos hace que quien pueda evitarlo no intervenga o se decida demasiado tarde. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en tanto, se dice ajeno de lo que se le acusa. Pero no da la cara.
Desde que se supo que estaba involucrado en la traición, que devino en el secuestro-entrega de su antiguo “padrino” Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya selló su suerte.
Es hijo de Ricardo Rocha Cázares y Ramona Moya Angulo; el menor de sus cinco hermanos: Alfonso, Pablo, Miguel, Antonio y Martha Elena y el causante de la deshonra de su esposa, Socorro Ruiz Carrasco y sus cuatro hijos: Eneyda, Rubén, Ricardo y José Jesús, a quienes la Unidad de Investigación Financiera bloqueó sus cuentas bancarias, pero ocho días después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo solicitó.
Nunca, en la historia política reciente del país, ha habido una “muerte” (física, moral y/o social, o las tres juntas) de un mandatario estatal tan anunciada. La fatalidad domina la existencia de Rocha Moya, por más esfuerzos que haga la presidente Claudia Sheinbaum para protegerlo, con la exigencia de “pruebas contundentes” sobre su asociación con el narcotráfico organizado. Pese a la amenaza del presidente Donald Trump de ejecutar una acción militar directa para capturarlo, “si México no lo hace”.
Pero a los especialistas en derechos humanos y Estado de derecho llama la atención que esa exigencia, y de que se respete su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, en otros casos Sheinbaum ha ignorado esos principios legales. Los casi 100 mexicanos entregados a Estados Unidos entre 2025 y 2026, sin siquiera proceso de extradición, “es claro ejemplo del doble rasero con el que Sheimbaum mide los casos, cuando el acusado pertenece a su partido, Morena”, dicen especialistas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya (lo mismo que al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzunza Cázarez, y a otros siete funcionarios y exfuncionarios) de estar asociado al Cártel de Sinaloa y posesión de armas de fuego, por lo que pidió su detención con fines de extradición.
En enero de 2025, el presidente Trump designó como “organizaciones terroristas extranjeras” al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Cártel del Golfo (CDG); Cártel Noroeste (CDC, una escisión de los Zetas), Cárteles Unidos (conjunto de células que operan en el sur de México) y La Nueva Familia Michoacana, por amenazar la seguridad nacional de su país.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado de Sinaloa, incluido el actual gobernador Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, informó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.
La acusación es contundente: con dinero del Cártel de Sinaloa, Rocha Moya construyó un “narcogobierno” por lo que, detenido o no, será juzgado en una corte federal de Nueva York por narcoterrorismo. Claro, si antes no lo ajustician Los Mayitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, desde el secuestro-entrega a Estados Unidos de su padre en julio de 2024.
La venganza se juró cuando “El Mayito Flaco” –hermano de Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”; Serafín Zambada Ortiz, “El Sera”; y Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo” (el hermano mayor que fue extraditado antes y se convirtió en testigo protegido en Estados Unidos)– se enteró que su padre fue traicionado por los hijos de “El Chapo”, en combinación con el gobernador Rocha Moya.
Conspiración “corrupta y violenta”
La acusación formal de Washington, además de Rocha Moya, incluye al senador Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas; Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto de la Fiscalía General estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal; Alberto Jorge Contreras Núñez, jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, policía estatal; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía de Culiacán.
Todos señalados de tráfico de drogas y armas. A Valenzuela Millán, también se le señala de ordenar a policías bajo su mando de secuestrar y asesinar a un informante de la DEA y un familiar de éste.
Estados Unidos señala que todos participaron en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa, con el fin de importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos; protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa de ser investigados, arrestados y enjuiciados; a quienes, además, les entregaban información confidencial de seguridad y del Ejército para facilitar sus actividades delictivas; que ordenaban a policías estatales y municipales protegieran los cargamentos de drogas almacenados, que luego eran trasladados al territorio norteamericano.
A Rocha Moya lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Delitos por los que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.
Según el Departamento de Justicia, llegó a la gubernatura de Sinaloa por la ayuda que le brindaron Los Chapitos, mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. “A cambio prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”. Ya como mandatario estatal, permitió que operaran en Sinaloa con impunidad…”.
“Como gobernador…, se aseguró de que Los Chapitos se consolidaran y ejercieran un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán”, se lee en la acusación formal.
“No va a pasar nada”: Rocha Moya
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, publicó Rocha Moya en sus redes sociales y más tarde declaró a medios ante los señalamientos en su contra. Comentó, incluso, que tuvo una llamada con la presidente Sheinbaum y remarcó: “no va a pasar nada”, porque, “claro, tengo su apoyo”.
Consideró que los señalamientos eran “un ataque contra él, a la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a los mexicanos que representamos esa causa”.
La noche del viernes 1 de mayo, sin embargo, en una declaración grabada de dos minutos, dijo que se tomaría una “licencia temporal” como gobernador, para centrarse en defenderse de las acusaciones. “A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente, porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Lo demostraré con firmeza, en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, dijo.
Ante las críticas de que se estaba protegiendo al gobernador con “licencia temporal”, la UIF ordenó bloquear de “inmediato” sus cuentas como lo solicitó a las instituciones financieras del país el 6 de mayo la CNBV. Sin embargo, el bloqueo se realizó ocho días después, según una nota del reportero Jorge García Orozco de la revista digital Emeequis, y los dos días más que tardó la Fiscalía General de la República (FGR), en “analizar” la solicitud (8 de mayo). Lo que permitió a Rocha Moya y a sus familiares limpiar sus cuentas o transferirlas fuera de México, de manera que no pudieran ser rastreadas.
Asomos de la “muerte” anunciada… (cabeza)
La inminente “muerte” del mandatario con licencia, por más que la presidente Sheinbaum se niegue a ordenar su extradición a Estados Unidos, porque “no hay pruebas”, se asomó los días 9 y 11 de mayo. El 9, desconocidos balearon una de sus casas de la colonia Las Quintas, en Culiacán. El 11, dos de sus nueve coacusados se entregaron al gobierno estadounidense tras ser detenidos, uno en Arizona y otro en Europa.
Debido a que desde hace años ya no habita el inmueble, durante la balacera no se reportaron lesionados o muertos. El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
El 11 de mayo, para el “despreocupado” gobernador con licencia seguramente fue un viernes negro, al enterarse que las autoridades judiciales de Washington tenían detenidos a dos de sus nueve coacusados y que la Fiscalía General de la República (FGR) había pedido a la UIF que congelara sus cuentas bancarias.
Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ex secretarios de Seguridad Pública y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de ser socios del Cártel de Sinaloa. Su sola detención, agravó la situación de Rocha Moya, quien seguía sin aparecer públicamente.
Se agravó, porque al ser detenido llevaba una maleta repleta de videos, memorias USB y documentos que entregaría al Departamento de Justicia como prueba de que estaba dispuesto a convertirse en “testigo protegido” o “testigo colaborador” en el juicio por narcotráfico y asociación con Los Chapitos, abierto en la Corte Sur de Nueva York en contra de Rocha Moya y otros nueve acusados entre éstos él mismo.
Según fuentes militares, estas pruebas no sólo son en contra de Rocha Moya y sus pactos o acuerdos con los hijos de “El Chapo”, sino que revelan cómo el presidente López Obrador ordenó al Ejército mexicano que liberara a Ovidio Guzmán López, para evitar su extradición, en octubre de 2019 en Culiacán. Pero, sobre todo, evidencian el financiamiento narco a las campañas presidenciales de Morena en 2018 y en 2024.
Mérida Sánchez se entregó voluntariamente en Arizona, adonde llegó por su propio pie, al igual que el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Díaz Vega, quien lo hizo ante las autoridades estadounidenses en Irlanda. Tras de su entrega, el ex secretario de Seguridad Pública compareció ante la jueza Sarah Netburn en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, si se demuestra que su vida corre peligro. Se declaró “no culpable” de los cargos que el Departamento de Justicia le imputa: recibir sobornos y facilitar las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos.
Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos el lunes 11 de mayo, procedente de Hermosillo, Sonora. Cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona, donde fue arrestado y puesto bajo custodia de agentes del Servicio de Alguaciles, quienes lo llevaron a Nueva York.
“Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Mérida Sánchez recibió sobornos (por más de 100 mil dólares mensualmente) de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”, según la acusación.
Mientras el general comparecía en la Corte de Nueva York, Díaz Vega también decidió entregarse al gobierno de Washington desde Europa. Se le acusa de ayudar a Los Chapitos a colocar dentro del gobierno estatal a funcionarios corruptos para proteger sus operaciones de tráfico de drogas.
“Antes de las elecciones de junio de 2021, en las que Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, Díaz Vega entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y direcciones de sus oponentes, para que Los Chapitos pudieran amenazar y obligarlos a retirarse de la contienda por la gobernación”, señala la acusación del Departamento de Justicia.
