Los actores y actrices, el poder perdido

El gusto, la afición, las filias no se construyen con leyes ni decretos

La recuperación económica obedece a otra forma de acercar los contenidos al consumidor. El mercado audiovisual no lo componen audiencias, sino consumidores.

Por: El indio dañero, por mal nombre Rodrigo Franco

Hasta los años 80, era común –el primero de mayo– ver a representantes de los artistas muy cerca de quién ostentase la Presidencia de la República. Muchos actores famosos, incluso, lo hicieron junto al Presidente en el palco de Palacio Nacional luego de que realizara el tradicional “Grito de Independencia” el 15 de septiembre. La presencia de actor representante del gremio, era típica en los desfiles del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo.

En los pasados días gran revuelo causó la presencia de la famosa actriz hollywoodense de origen veracruzano, Salma Hayek, en una de las “mañaneras”, para agradecerle a la Presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa de ley que busca facilitar y estimular la producción cinematográfica. En su intervención, la protagonista de “Bandidas” comentó lo difícil que era para ella obtener apoyo económico para la realización de sus películas y que tal vez la razón de ello era porque en “el pasado no teníamos Presidenta”.

Vamos por partes. Si bien es importante que exista y se reglamente todo tipo de apoyo y facilidades que se brinden a cualquier actividad económica para su mejor desarrollo, para la producción cinematográfica se debe prever una mejor protección para todos los involucrados. La iniciativa de ley que se anunció, incluye exención de impuestos, estímulos económicos y fiscales a través de organismos estatales encargados de gestionar y administrar el acceso a esos recursos.

Al margen de que esta forma de administrar los recursos económicos pudiese padecer vicios, en los cuales los administradores de esos recursos pudiesen favorecer a personas o grupos o que esos mismos recursos consoliden o no una industria cinematográfica autosustentable, sin prejuzgar ni anticiparse a los efectos de la ley que se propone, es necesario dejar claro que esta iniciativa se refiere a quienes se dediquen a producir y no a quienes nos desempeñamos en otras áreas sobre todo en las áreas creativas.

Se anuncia que gracias a esta iniciativa se aumentará la calidad de las películas que se producen y, en consecuencia, abrirá mayor audiencia y asistencia en la taquilla que redundará en mayores oportunidades de empleo. Lo que no se menciona son las condiciones en las que se establecerá esa relación laboral.

La falta de regulación adecuada para trabajadores de actividades creativas, y la contratación de quienes se desempeñan en las diversas áreas de la industria, ya sea la filmación de una película o grabación de serie de televisión, permite que quien administra el capital incluya a todos estos en una sola canasta, otorgándoles calidad de prestadores de servicio o trabajadores por obra sin ningún tipo de derecho sobre el excedente de ganancias u obtención de divisas adicionales no contempladas en el momento de la ejecución de la obra.

Es decir, quienes se ostenten como productores o administradores de los recursos que se aportan desde el Estado, para la producción cinematográfica y series, en automático se convierten en propietarios únicos de los derechos creativos y patrimoniales de esa obra audiovisual, sin obligaciones posteriores de ninguna índole.

Esto significa que los recursos económicos otorgados por el Estado, sólo favorecerán un negocio privado que no beneficia a la mayoría de los trabajadores involucrados en las producciones, cuya participación se reduce a la de “prestador de servicio”, sin ningún beneficio adicional o derecho, como parte del equipo creativo y artístico.

Más claro. Como prestadores de servicio, todos los involucrados carecen de prestaciones sociales, al tener el carácter de “pequeños empresarios” y no como trabajadores con derechos patrimoniales sobre las obras, como debe de ser; beneficios económicos adicionales que les permitan mantenerse activos y solventes.

Con el mecanismo que se ha venido ejerciendo, sólo un pequeño grupo de personas o instituciones se benefician verdaderamente del financiamiento proveniente del Estado.

No se trata de satanizar a quienes tienen un lugar privilegiado en la distribución de los recursos para la ejecución. Se trata de que los trabajadores artistas no se asuman por necesidad o precariedad como patrones, y sí como trabajadores de la industria del entretenimiento y se construya una estructura que les permita recuperar todos los beneficios económicos y morales derivados de la utilización y comercialización de los contenidos.

Es importante la concientización del trabajador actor de las características particulares del trabajo artístico, de los procesos de difusión-comercialización existentes y potenciales, lo que le permitirá hacer el reclamo justo de una retribución que compense de manera satisfactoria el valor de la creatividad.

El salario o la contraprestación económica por un trabajo ejecutado, no es una concesión, no es un favor, no es una dádiva del empleador. El pago por un trabajo devengado, depende directamente de la capacidad del trabajador para organizarse informarse y, en justicia, reclamar al empleador y al Estado condiciones que le permitan bienestar, salud y prosperidad.

Mantener a los trabajadores de obras creativas sanos en su democracia, es responsabilidad de quienes integran los órganos representativos del gremio. Una figura que equilibre la relación contractual, y evite la desventaja que representa la contratación individual.

Por ello llama la atención que en el evento donde se anunció este nuevo proyecto de incentivos desde las leyes para el cine, quien no estuvo representado fue el gremio de los actores. Sólo algunos actores conocidos en su carácter de funcionarios públicos o ejecutivos de los organismos estatales que administran esos recursos.

Esta iniciativa, como otras, nace incompleta, se dice, pero no dicen cómo.

El que paga manda

Con una mayor injerencia del Estado en la realización de contenido audiovisual, vale la pena preguntarse: ¿Qué contenidos y temas deberían abordarse, cuando el Estado es quien paga?

Poniendo a un lado la ideologización, debe mencionarse que el éxito en la taquilla o el número de vistas en el caso de las series en las plataformas de streaming, no se decretan. El gusto, la afición, las filias no se construyen con leyes ni decretos. Por lo tanto, la recuperación económica obedece a otra forma de acercar los contenidos al consumidor. El mercado audiovisual no lo componen audiencias, sino consumidores.

En el reclamo de que los actores obtengan un pago adecuado, habría que preguntarle a la señora Salma Hayek, desde su visión como empresaria y productora de contenidos de alcance global, si sabe que la derrama económica por la producción cinematográfica, ¿no significan ningún beneficio para los actores de a pie?

¿Sabrá la Presidente de la República, que los actores carecemos de asistencia social y que nuestros salarios e ingresos están muy por debajo de la línea de la miseria?¿Sabrán los legisladores que habrán de dedicarse a la reforma y adecuación de estas leyes, que no contempla en la actualidad ningún asunto relacionado con los artistas y sí únicamente con los dueños del capital o como, en este caso, quien pueda acceder a manejo y control de los presupuestos que otorga el Estado para la producción de contenidos audiovisuales?

En este caso no opera el dicho que “cuando llueve arriba salpica a los lados y gotea abajo”, sólo si se encharca arriba, salpica poco a los lados y nunca gotea abajo.

Antes de iniciar cualquier tipo de transformación o reforma legislativa debe haber un diálogo amplio con todas las representaciones de quienes se desempeñan en las diversas áreas de la producción cinematográfica.

La ausencia de legislaciones adecuadas a las características del trabajo de los actores es, en gran medida, la causa de que una casta rapaz y pusilánime se haya adueñado de los derechos patrimoniales transformados en divisas (que corresponden a los actores), que no nada más promueven la pobreza sino, también, frena el desarrollo de la calidad escénica, literaria pictórica, lírica.

Si bien los actores deben darse organismos de representación de calidad y eficaces, también es obligación del Estado asegurarse que el aparato legislativo proteja eficazmente desde lo individual al artista, que permita su desarrollo humano social y patrimonial.

Luego, entonces, en estas condiciones este tipo de estímulos al cine no alivia ni soluciona el desarrollo de los artistas y tampoco consolida la industria fílmica, como una expresión nacional autosuficiente. Por el contrario, fortalece el privilegio de quienes controlen la línea económica y propicia aún más la explotación del talento e impide su desarrollo.

No se trata de que el cine nacional crezca o no, porque hay una mujer o un hombre al frente de la Presidencia de la República. Se trata de defender la identidad nacional, estimulando eficazmente el desarrollo de los profesionales actores en las áreas que se desenvuelven.

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