Falla de anticipación política que merece ser explicada
Si Segob, CNI u otra instancia federal tenía información y no la entregó a Sheinbaum, estamos ante un problema más grave que una simple sorpresa.
Por: Luis Enrique Mota Balderas
¿Es posible que la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable de la política interna del país, no estuviera enterada de que Rubén Rocha Moya intentaría regresar como gobernador de Sinaloa, lo mismo que los otros órganos de inteligencia del Gobierno federal?
Hay que distinguir, sin embargo, sobre “no lo supieron” de “lo supieron y no se lo comunicaron a la presidente Claudia Sheinbaum”. Ambas son fallas, pero completamente diferentes.
Pero si se confirmara que ninguna instancia federal tuvo información anticipada sobre una maniobra políticamente tan sensible, entonces sí estaríamos ante un asunto muy serio: la eficacia de la inteligencia y la coordinación política del Gobierno.
¿Qué se sabe hasta ahora?
La versión oficial es más que curiosa: la Secretaría de Gobernación sostuvo que el regreso de Rocha Moya fue una “decisión personal”. Morena y Sheinbaum también se deslindaron. La Presidente dijo después que no había hablado con el sinaloense sobre su regreso y calificó la decisión de “no apropiada” y “temeraria”.
Eso permite creer (basado en la fe, la convicción o aceptarlo como cierto sin necesidad de pruebas) que, al menos políticamente, Sheinbaum no tenía conocimiento previo de la decisión. Pero eso no indica que la inteligencia federal tampoco lo supiera.
Lo cual nos lleva a observar que si Rocha Moya estaba preparando su regreso necesariamente tuvo que haber movimientos previos, como: contactos con colaboradores, preparación jurídica, comunicación con el Congreso local, decisiones administrativas, contactos políticos, preparación de su equipo, conversaciones con dirigentes de Morena, y coordinación para su aparición pública.
No hablamos de que la mañana del 21 de agosto Rocha Moya se levantó, se acicaló y decidió espontáneamente ir a su despacho y decir: “ya regresé”. Nada parecido. Por eso resulta razonable preguntar: ¿Ninguna de esas señales llegó a los sistemas de información política, seguridad o inteligencia federales?
Si la respuesta fuera “No”, sería una deficiencia importante. Si la respuesta fuera “Sí”, pero la información no llegó a Palacio Nacional, sería todavía más preocupante: significaría un problema de comunicación y conducción dentro del aparato federal. Es decir, que hay falta de coordinación, que hay mensajes contradictorios entre dependencias y la ausencia de una estrategia preventiva unificada frente a crisis institucionales.
¿Para qué sirve entonces la inteligencia?
Como lo hemos dicho en otras ocasiones, “las labores de inteligencia son para anticipar acontecimientos que puedan afectar la gobernabilidad”.
La legislación asigna al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) funciones de recopilación, procesamiento y análisis de información, incluida la elaboración de evaluaciones para detectar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Desde 2025 existe además un marco más amplio para coordinar inteligencia en materia de seguridad pública: el CNI es responsable de la operación diaria del sistema y de integrar información de distintas instituciones.
Inteligencia no significa necesariamente tener un espía dentro del despacho de Rocha Moya. Significa detectar patrones y señales de un gobernador que “lleva meses separado, enfrenta investigaciones, mantiene determinada red política y está realizando movimientos que podrían indicar un retorno”.
Todo eso debería (o debió) de haber generado una alerta política, aunque no se conociera la fecha exacta. Existe, sin embargo, una limitación importante: la inteligencia no puede impedir todas las decisiones políticas.
Rocha era gobernador constitucional. Tenía derecho a solicitar terminar su licencia conforme a las reglas aplicables. El Gobierno federal tampoco puede legalmente decir: “Sabemos que usted va a regresar, así que se lo prohibimos”.
Ante esto, el objetivo de la inteligencia no sería necesariamente impedir su regreso, sino anticiparlo y preparar una respuesta política e institucional. Es aquí donde el episodio resulta sumamente extraño.
Porque la reacción posterior de Sheinbaum demuestra que el Gobierno federal necesitó reaccionar después de que Rocha ya había tomado la decisión de regresar. Lo que produjo tensiones tanto dentro de Morena como con Washington.
Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Hay al menos cuatro escenarios posibles:
a): Nadie lo sabía. Es decir, Rocha consiguió mantener su decisión en un círculo extremadamente pequeño. Lo cual sería una falla de inteligencia, aunque no necesariamente una catástrofe.
b): La inteligencia lo sabía, pero no lo consideró relevante. Esto ya sería más preocupante, ya que existía información, pero falló el análisis. O sea, alguien pudo haber interpretado el asunto como una cuestión administrativa de Sinaloa y no como una potencial crisis nacional.
c): La información llegó a funcionarios federales, pero no a Palacio Nacional. Lo cual, naturalmente, sería el escenario políticamente más delicado. Pues significaría una falla de conducción y de comunicación interna.
d): Presidencia lo sabía, pero decidió no intervenir. Este panorama cambiaría completamente la interpretación. Ya no se estaría ante una sorpresa, sino ante una decisión política deliberada de permitir que Rocha regresara y después obligarlo a retirarse.
Hasta ahora, sin embargo, no hay evidencia pública suficiente para sostener este último escenario.
¿Quién supo?, ¿qué supo?, ¿cuándo lo supo y a quién lo comunicó?
Más hay algo que hace especialmente difícil aceptar una supuesta “sorpresa total”. ¿Por qué? Porque el caso Rocha no era un asunto político cualquiera.
Estados Unidos acusa públicamente al gobernador de vínculos con Los Chapitos; es, además, el primer gobernador mexicano en funciones acusado por Estados Unidos de este tipo de vínculos. Por tanto, Rocha ya estaba dentro del radar de seguridad nacional y de la relación México-Estados Unidos.
Que el Gobierno federal no tuviera ninguna información sobre un posible retorno, sería mucho más difícil de explicar que si se tratara de un gobernador ordinario.
Entonces ¿la inteligencia federal falló en la obtención de información, en su análisis, en su transmisión o en la decisión política de utilizarla?
Esa es la pregunta que debemos hacer los ciudadanos. Porque una organización de inteligencia puede perfectamente saber que “algo está por ocurrir”, aunque equivocarse sobre cuándo ocurrirá, qué alcance tendrá, quién lo está impulsando, o qué consecuencias tendrá. Y esa diferencia es fundamental.
Lo más preocupante sería descubrir que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí sabía.
Supongamos –hipotéticamente– que López Obrador o su círculo sabían que Rocha iba a regresar y que el aparato político federal de Sheinbaum no lo sabía.
Entonces la pregunta dejaría de ser: “¿Falló la inteligencia?”, y pasaría a ser: “¿Existen redes políticas externas al Gobierno de Sheinbaum capaces de operar dentro de Morena sin que la Presidente tenga conocimiento previo?”
Eso sería muchísimo más serio.
Pero, insistimos, de momento no hay evidencia pública que permita afirmar que López Obrador conocía o impulsó el regreso. Las versiones que apuntan en esa dirección son hipótesis políticas, no hechos probados.
El desenlace de todo este asunto que duró aproximadamente 34 horas, nos proporciona una pista: Rocha regresó, Sheinbaum se deslindó, Morena se deslindó, aumentó la presión política, Rocha volvió a pedir licencia y el 25 de agosto, el Congreso de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
Lo anterior demuestra dos cosas simultáneamente. Primera: alguien subestimó la capacidad de reacción de Sheinbaum. Segunda: la Presidencia reaccionó con suficiente fuerza para revertir la situación.
De manera que antes de hablar de un fracaso de la inteligencia mexicana, hay algo más concreto: existe una falla de anticipación política que merece ser explicada.
Si se demuestra que Segob, CNI, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) o alguna otra instancia federal (entre ellas la Marina y la Sedena) tenía información anticipada y ésta nunca llegó a Sheinbaum, entonces estamos ante un problema considerablemente más grave que una simple sorpresa: una falla de coordinación dentro del Estado mexicano.
Esto es precisamente lo que debería investigarse ahora: ¿quién supo?, ¿qué supo?, ¿cuándo lo supo y a quién se lo comunicó antes del regreso de Rocha? Esa cronología sería mucho más reveladora que las declaraciones posteriores de los políticos.
