Mientras ella gana espacios, Trump inicia campaña anticorrupción más amplia
La ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra otros políticos mexicanos
Por: J. Cruz García Espinosa
La foto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con militares trepándolo al avión castrense que lo transportaría fuera del país (como hace noventa años Lázaro Cárdenas ordenó lo propio con Plutarco Elías Calles, para evitar que siguiera controlando el escenario político), hubiese sido un “golazo” de la presidente Claudia Sheimbaum en este año del Mundial. Pero, a su estilo y sin ruido, avanza en la toma de control y ajusta la maquinaria para el resto de su sexenio.
“Figura central de la Cuarta Transformación (4T)”, se insiste en llamar a López Obrador por su presunta influencia y presencia continua en la política mexicana, su control sobre Morena y el Gobierno. Incluso algunos analistas lo describen como un “liderazgo carismático” que ejerce un poder significativo.
¿Por qué rememorar la vieja hazaña del presidente Cárdenas? Por la necia especulación sobre si Sheinbaum se “independizará” de la perniciosa influencia de López Obrador, tal como Cárdenas terminó con el “Maximato” de Calles en abril de 1936. Y porque, el miércoles 29 el Gobierno de Estados Unidos le dio una oportunidad para sacudírselo, al acusar de narco al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pedir su extradición. Rocha Moya, es y ha sido protegido de López Obrador.
En los corrillos políticos persiste el debate si el ex presidente, desde su “retiro”, mantiene un influjo sobre su sucesora. Se polemiza si Sheinbaum aprovechará esa “oportunidad”, para alejarse de la sombra del tabasqueño y consolidar su propio Gobierno.
Una vez que Sheimbaum ganó la elección y se le nombró “Presidenta electa”, López Obrador no cesó de inmiscuirse en la política nacional y de mostrar actitudes muy parecidas a las de Calles, para permanecer en la vida pública. Impuso, incluso, a Andrés Manuel, “Andy”, su hijo, como el segundo a bordo de Morena, y, para mantenerla cercada con gente leal a él, no a ella, dejó a casi la mitad de sus colaboradores en posiciones clave del nuevo gabinete presidencial: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Educación, entre otros.
Sin embargo, a principios del mes de abril envió señales de que comenzó a revertir algunas de las políticas obradoristas heredadas, como autorizar la técnica fracking (fracturación hidráulica) para extraer del subsuelo el gas natural, con la finalidad de aligerar la dependencia del combustible estadounidense, tanto doméstica como para la industria. Lo que se interpretó que empezó a delinear su propio estilo de gobierno.
Porque las negociaciones del TMEC exigen revertir políticas energéticas, por presiones del presidente Donald Trump, que no deja de presionarla para que cambie algunas de las políticas que predominaron durante el gobierno del tabasqueño, o por decisión propia, el regreso al fracking, podría, quizá, significar su distanciamiento con las políticas de López Obrador.
Se sacude a gente que le hace mal tercio
Aunque poco se ha hablado al respecto, Sheinbaum ha tomado también otras decisiones que confirman que poco a poco, y sin ruido, se ha ido sacudiendo de la gente que le heredó su antecesor en espacios estratégicos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Congreso de la Unión y el partido (Morena).
Del primero que se deshizo fue de Pablo Gómez Álvarez, en agosto de 2025, quien dejó la UIF para encabezar la comisión encargada de diseñar la reforma electoral impulsada por la presidente Sheinbaum, y que ruidosamente fue derrotada no por la oposición, sino por los partidos aliados de Morena.
El estratégico cargo lo ocupa desde entonces Omar Reyes Colmenares, especialista en inteligencia, cercano a la presidente Sheinbaum y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Alejandro Gertz Manero, otrora poderoso y temido titular de la FGR, es otra de las herencias que se sacudió, para colocar en su lugar a Ernestina Godoy Ramos, amiga y leal (aunque no muy eficiente) colaboradora de la mandataria federal.
Su tercera jugada, la hizo a principios del pasado mes de febrero al quitarle a Adán Augusto López la coordinación de Morena en el Senado. Ignacio “Nacho Mier” Velazco lo sustituyó, con la instrucción (presidencial) de reconstruir los puentes rotos por el soberbio Adán Augusto con la presidente, por sus escándalos de corrupción y ligas con el crimen organizado.
Supuestamente por “motivos de salud”, el ex rector y psiquiatra Juan Ramón de la Fuente “renunció” como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 1 de abril, y en su lugar fue nombrado Roberto Velasco Álvarez. Este es el primer cambio a nivel secretario de Estado en el gabinete.
Días antes dejó la dirección general de la Agencia de Aduanas de México (ANAM) Rafael Marín Mollinedo, y junto con él fueron despedidos no pocos funcionarios de las Aduanas, todos, en especial Marín Mollinedo, cercanos al ex mandatario tabasqueño y a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.
En los corrillos palaciegos es cantado que, tras del nombramiento de Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cargo que asumirá a partir del 1 de mayo, en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, habrá nuevos nombramientos en el SAT.
Previo a este nombramiento, Castillo Madrid era la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía que encabeza Luz Elena González. Castillo Madrid y la secretaria de Energía, Luz Elena González, son la “cuña”, la gente de confianza de Sheinbaum en el SAT.
Con la renuncia de Citlalli Hernández, como la primera secretaria de las Mujeres el 15 de abril para “ayudar” al Comité Ejecutivo Nacional de Morena en “una tarea especial que tiene que ver con la definición de las alianzas hacia 2027”, podría interpretarse que –mediante Citlalli– se inició el control de Sheinbaum en el partido, para retomar el diálogo con los aliados que rompieron con el partido por la actitud soberbia de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena hasta el miércoles 22 de abril.
En los pasillos morenistas se dice que la permanencia de Alcalde en la dirigencia era “insostenible”. En su lugar quedaría Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, una de las operadoras territoriales más cercanas al proyecto presidencial, que apuesta por reforzar la estructura electoral rumbo a los comicios intermedios de 2027, en los que se disputarán diecisiete gubernaturas, la renovación del Congreso y la elección de cientos de cargos locales, cuyos resultados influirán en las elecciones presidenciales de 2030.
En la Consejería Jurídica, hasta el 30 de abril, estuvo Esthela Damián Peralta, quien, según la presidente, buscará la gubernatura de Guerrero.
Con estas maniobras y enroques, la mandataria federal sacude las entrañas del partido que la llevó al poder para un reacomodo estratégico de su gobierno.
Rocha Moya en el banquillo de los acusados de EU
Mientras Sheinbaum enviaba señales de que comenzaba a revertir algunas de las políticas obradoristas heredadas, el Gobierno norteamericano se preparaba para iniciar lo que se podría interpretar como el fin de los narcopolíticos de Morena.
Por esos días el diario Los Ángeles Times, en su artículo “Es posible que EU se centre pronto en políticos mexicanos en el marco de su campaña contra la corrupción”, pronosticó que Washington apuntaba contra narcofuncionarios mexicanos, al recordar las declaraciones que hizo el embajador Ronald Johnson en Sinaloa, durante la inauguración de una planta de capital estadounidense: “La corrupción no sólo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza”.
Anticipó, además que “la ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos… Marcan el inicio de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump…”.
Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a un senador, y a otros ocho funcionarios y ex funcionarios estatales de Morena por asociación con el Cártel de Sinaloa, designado como grupo terrorista, al igual que otros cárteles mexicanos, por el gobierno estadounidense.
“Los acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado de Sinaloa, incluido el actual gobernador, Rubén Rocha Moya. Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, detalló el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado el 29 de abril.
Ronald Johnson, embajador de la Unión Americana en México, respaldó la acusación tras de advertir que Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado, ya que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre ambos países.
Además del gobernador la acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, todos señalados de tráfico de drogas y armas.
La acusación asegura que participaron en una “conspiración corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa, para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Protegieron a sus líderes de ser investigados, arrestados y enjuiciados, les entregaban información confidencial de seguridad y del Ejército para facilitar sus actividades delictivas, y ordenaban a policías estatales y municipales que protegieran los cargamentos de drogas que eran almacenados en México y trasladados a Estados Unidos.
Rocha Moya es acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras, artefactos explosivos y dispositivos destructivos. Delitos por los que podría enfrentar cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.
Tras la acusación del Departamento de Justicia en su contra, rechazó los señalamientos y, en declaración a medios, remarcó que “no va a pasar nada”; comentó que tuvo una llamada con la presidente Sheinbaum, y “claro que tengo su apoyo”, dijo.
