Se ordenó confiscarle bienes por 15 mil millones de dólares
Parte de su riqueza (en bienes, objetos, instrumentos o ganancias relacionados con sus delitos, legal pasará a favor del Estado norteamericano.
Por: José Luis García Cabrera
El 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan sentenció a Ismael “El Mayo” Zambada García a cadena perpetua en Nueva York, y le impuso el decomiso de una verdadera fortuna: ¡15 mil millones de dólares!, tras de declararse culpable de narcotráfico y confesar décadas de complicidad y corrupción con autoridades mexicanas y, sin duda, con autoridades norteamericanas.
El decomiso ordenado por el juez Cogan, no es un pago, multa o reparación del daño, sino una medida legal que consiste en la pérdida o confiscos de los bienes, objetos, instrumentos o ganancias relacionados con los delitos a favor del Estado de los que se declaró culpable “El Mayo”.
La caída definitiva del cofundador del Cártel de Sinaloa (“El Chapo” Guzmán, preso mucho antes en una cárcel estadounidense, es otro de los más conocidos cofundadores de esa organización criminal) ocurre a dos años de su aprehensión en 2024; años que mantiene a Sinaloa sumida en una serie de enfrentamientos, homicidios y desapariciones y, sobre todo, abrió la caja de pandora del gobernador Rubén Rocha Moya, señalado de haber logrado la gubernatura gracias a la protección que brindó a la facción liderada por los hijos de Joaquín Guzmán: Los Chapitos.
Las declaraciones de “El Mayo” sobre el pago histórico de sobornos a mandos policiacos, militares y políticos han reavivado el debate nacional sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder político no sólo en Sinaloa, sino en muchas otras entidades mexicanas, como Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entre otras.
Además Rocha Moya, los mandatarios de Tamaulipas (Américo Villareal), de Sonora (Alfonso Durazo) y la de Chihuahua (María Eugenia Campos Galván, Maru Campos), diversos ex gobernadores como el de Tabasco, Adán Augusto López; y el de Chiapas, Rutilo Escandón, así como funcionarios (como Mario Delgado, secretario de Educación Pública) y ex funcionarios, aunque sin el nivel de una acusación formal, han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos de mantener nexos con el narcotráfico.
Sin embargo, todos niegan esos señalamientos, y, desde Palacio Nacional y la cúpula de Morena son defendidos, al señalar que se trata de “guerra sucia”.
